1 CODEHICA Afectaciones especificas a mujeres

Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Provincia de Ica 1 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador

Créditos Documento N.° 1 Afectaciones específicas a mujeres: cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador © Comisión de Derechos Humanos de Ica - CODEHICA Av. Cutervo 124, Ica - Perú Autora Patricia Quiñones Pareja Diseño y diagramación Roger Miranda Edición Fábrica de Contenidos Lima, enero 2023 Proyecto Compromisos multilaterales entre empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad y sostenibilidad en Ica y Cotabambas. La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la autora [Patricia Quiñones P.] para la Comisión de Derechos Humanos de Ica y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Índice Introducción 7 I. Trabajadoras agrícolas iqueñas: una breve revisión bibliográfica 11 II. Precisiones teóricas y metodología 21 III. Agroexportación en Ica 26 3.1 Características generales de la actividad 27 3.2 Mujeres, trabajo y agroexportación: una mirada macro 35 IV. Conducta Empresarial Responsable (CER) 39 4.1 Estado y avances en relación con la CER 40 4.2 Empresas agroexportadoras y avances en relación con la CER 43 V. Impactos de la agroexportación en las trabajadoras agrícolas iqueñas 46 5.1 Impactos en las trabajadoras agrícolas asalariadas 47 5.1.1 Espacio laboral 47 5.1.1.1 Origen y motivo de inserción 47 5.1.1.2 Contratación 49 5.1.1.3 Remuneraciones 51 5.1.1.4 Seguridad y salud en el trabajo 54 5.1.1.5 Salud menstrual y reproductiva 62 5.1.1.6 Servicio de cuidado diurno infantil y lactarios 66 5.1.1.7 Hostigamiento laboral 67 5.1.1.8 Hostigamiento sexual 72 5.1.1.9 Mecanismos internos y externos de monitoreo 74 5.1.2 Espacio familiar y territorial 82 5.1.2.1 Características generales de las familias y viviendas 82 5.1.2.2 Economía del cuidado 83 5.1.2.3 Percepciones sobre impactos positivos y negativos de la agroexportación en sus hogares 92 5.1.2.4 Visiones sobre impactos de la agroexportación en sus territorios 94

5.1.3 Espacio personal: bienestar de las trabajadoras 95 5.1.3.1 Salud física 96 5.1.3.2 Salud mental 99 5.2 Impactos en las trabajadoras agrícolas familiares 102 5.2.1 Espacio territorial y laboral 103 5.2.1.1. Derechos sobre la tierra 103 5.2.1.2. Presión por el territorio 105 5. 2.1.3 Impactos ambientales 106 5.2.2 Espacio familiar 114 5.2.2.1 Economía del cuidado 114 5.2.1.2 Participación-representación familiar 117 5.2.3 Espacio personal: bienestar de las trabajadoras 118 Conclusiones 122 Bibliografía 132

Lista de Gráficos Gráfico 1: Exportaciones agrícola mineras Gráfico 2: Promedio de Trabajadores del sector forma privadol 2021 - III Trimestre en Ica Gráfico 3: Trabajadores/as del sector privado formal ,enero 2020- Setiembre 2021 Gráfico 4: Trabajadores/as del sector privado formal por actividad- Ica, enero 2021 Gráfico 5: Trabajadores/as del sector privado formal por actividad- Ica, abril 2021 Gráfico 6: Casos COVID-19 en la región de Ica y provincia según sexo S.E. 10-2020 a S.E 10-2022 Lista de Tablas Tabla 1: PEA ocupada y asalariada 2020 Tabla 2: Distribución de población migrante, según departamento de nacimiento en Ica: 2007 y 2017 Tabla 3: Mujeres ocupadas según principales ramas de actividad Lista de Cuadros Cuadro 1: ¿Qué es la CER? Cuadro 2: Pilares de los Principios Rectores Cuadro 3: ¿Qué es la diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos? Diagramas

7 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Introducción En las últimas décadas la agroexportación se ha consolidado como una de las actividades más importantes en términos macroeconómicos para el país. Durante el 2020, el más afectado por la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, las exportaciones agrarias registraron un crecimiento de 4,4 %, un escenario bastante positivo a comparación de la crisis económica que atravesaba el país. Asimismo, hasta octubre del 2021 esta actividad registraba un crecimiento de quince meses consecutivos (MINCETUR, 2021). Este escenario ha estado relacionado a una serie de factores político-normativos e institucionales, orientados a la promoción de la inversión privada y a una reconfiguración de las dinámicas de producción y relaciones de poder en el campo. Así, desde los años noventa se crearon una serie incentivos tributarios, un régimen laboral especial, se generaron cambios en las políticas y leyes agrarias, en la institucionalidad ambiental, entre otros (Calisaya & Flores, 2006; Ruiz Bravo & Del Rosario, 2011; Eguren, Eguren & Durand, 2018). Todo este crecimiento no ha estado exento de tensiones y conflictos a escala local. En el 2020 se registró una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en la región de Ica, debido a la prórroga de la Ley de Promoción del Sector Agrario N.º 27360 hasta el 31 de diciembre del 2031. Esta movilización se extendió a la región La Libertad, ambos focos de la actividad agroexportadora, generando un escenario de alta conflictividad. En este contexto, trabajadoras y trabajadores demandaron la derogación de dicha ley, el incremento de sus remuneraciones y el reconocimiento de los derechos laborales establecidos en el régimen laboral general. Más allá del tema económico, estos conflictos evidenciaron nuevamente que, pese a ser una actividad resaltada como motor de empleo y contribución a la reducción de la pobreza monetaria, las condiciones en las que se ha venido desarrollando en muchos casos ha sido bastante cuestionable. En Ica se recogieron diversos testimonios que mostraban las precarias condiciones laborales1 y las vulneraciones a los derechos humanos que se venían dando en muchos fundos o empresas agroexportadoras2 , expresando que el acceso al trabajo no es sinónimo directo de mejora de bienestar. En este sentido, organizaciones, como la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP), indicaron que este tipo de situaciones se registran únicamente en empresas informales, un pequeño sector, que no hace parte de un sector formal interesado en 1 La agricultura ha sido considerada como uno de los sectores más peligrosos para trabajar y cuenta con una elevada incidencia de enfermedades y lesiones profesionales relacionadas directamente con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con la exposición a agroquímicos u otras sustancias, entre otros riesgos (MINJUSDH, 2021). 2 En el 2014 la Comisión Internacional de Juristas señaló que el régimen establecido por la Ley N.° 27360 rebajaba los niveles de protección en comparación con un trabajador o trabajadora del régimen laboral general en el país (CIJ, 2014).

8 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador brindar buenas condiciones laborales.3 Sin embargo, si el número hubiera sido tan reducido la movilización no hubiera llegado a la magnitud a la cual llegó. Asimismo, las movilizaciones expusieron algunas afectaciones específicas y persistentes de las trabajadoras del sector. Por ejemplo, los diversos tipos de violencias a los que se exponen, el acoso, la discriminación ante el embarazo, la sobrecarga de trabajo (remunerado y no remunerado) y la ausencia de mecanismos de soporte (guarderías), las afectaciones a la salud debido a la falta de un verdadero enfoque de salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Es importante indicar que estos discursos sugirieron la necesidad de abordar la economía del cuidado como factor para mejorar la situación de miles de trabajadoras de la agroexportación. En general, una serie de impactos ponen en discusión el discurso acrítico del aporte de la actividad frente al empoderamiento y calidad de vida de las mujeres trabajadoras de la región, mostrando las brechas existentes y persistentes y la necesidad de un análisis constante de variables más allá de las económicas. Por otro lado, la agroexportación ha venido reconfigurando e impactando el territorio iqueño, sobre todo con relación al acceso y control de recursos, como el agua y la tierra. También se ha asociado a la actividad con otros impactos ambientales referidos a la situación de los suelos, aparición de plagas, desaparición de controladores biológicos, contaminación del aire por uso de agroquímicos, entre otros. Por lo tanto, se han venido generando tensiones y conflictos con quienes dependen de manera más directa de estos factores; y, en general, de ecosistemas saludables para su sustento y calidad de vida; es decir, para productoras y productores agropecuarios en el valle de Ica. No obstante, se debe considerar que en muchos casos son las mujeres quienes permanecen más tiempo durante del año en los espacios productivos, mientras que los hombres buscan insertarse en trabajos asalariados temporales. Por ende, las mujeres suelen tener una mayor exposición a ciertos escenarios o afectaciones. Si bien los impactos que la agroexportación genera en las trabajadoras agrícolas4 asalariadas y familiares pueden ser distintos en varios aspectos, ambas parten de marcadas condiciones de desigualdad, pues experimentan cotidianamente los efectos de un problema público complejo: la discriminación estructural contra las mujeres (MIMP, 2019). Por ejemplo, esto se evidencia en su rol diferenciado frente al cuidado doméstico y el de las familias o las violencias que afectan sus cuerpos y salud mental. Entonces, existen vulnerabilidades compartidas y múltiples barreras, en comparación con los trabajadores agrícolas, que estas mujeres deben 3 La República (2020). “AGAP sancionará a empresas que recorten derechos laborales”, La República on line, 4 de diciembre del 2020, en: https://larepublica.pe/economia/2020/12/04/agap-sancionara-a-empresas-que-recorten-derechos-laborales-mdga/, consultado el 19 de diciembre de 2022. 4 Grados (2015), citando a Lastarria, se refiere a que las trabajadoras agrícolas son aquellas que trabajan en dicho sector en general y que estas se ubican en un continuo entre las trabajadoras familiares no remuneradas y las asalariadas agrícolas.

9 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador superar para un ejercicio efectivo de sus derechos humanos, laborales y la conquista plena de sus libertades. Además, ambos comparten una alta exposición a los efectos de cambio climático5 , en un país como Perú identificado como uno de los más vulnerables frente a este proceso (Eckstein et al., 2018). Perú ha asumido una serie de compromisos internacionales, constitucionales y ha establecido marcos jurídicos y regulatorios en materia de derechos laborales (OCDE, 2020), orientados a promover empleos seguros y dignos. También se ha desarrollado en el país un marco orientado a garantizar los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género6 , el cual puede verse a su vez como parte de los compromisos del Estado en relación con el cumplimiento de los derechos humanos (IDEHPUCP, 2021). Además, existen marcos normativos e institucionales en términos ambientales centrados en tratar de brindar ciertas condiciones de protección y sostenibilidad ambiental, los cuales han crecido sobre todo en la última década. Por otro lado, el Estado ha mostrado interés en los últimos años en contribuir a encaminar una Conducta Empresarial Responsable (CER) en el país, adhiriéndose a instrumentos internacionales y elaborando recientemente un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos - PNADDHH, representando un avance en la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas7 . Por otro lado, también varias empresas agroexportadoras, a través de sus gremios, han venido sumándose a iniciativas globales vinculadas a los principios rectores, la agenda 2030 para el desarrollo o a los marcos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. Igualmente han avanzado en realizar algunas herramientas en esta materia (CER) y en algunas se han venido integrando procesos de certificación o sellos variados orientados a asegurar su contribución a la promoción de centros laborales adecuados en términos sociales y ambientales; siendo muy importantes para articular comercialmente con ciertos mercados. Todos estos avances en materia normativa e institucional en diferentes ámbitos supondrían escenarios más favorables para las trabajadoras agrícolas; sin embargo, los testimonios y experiencias recogidas en las movilizaciones interpelan su efectividad. En ese sentido, un estudio de la OCDE (2015) indica que Perú es uno de los países con uno de los mercados laborales más regulados, pero, por el contrario, uno de los países donde menos se cumple la normativa laboral, 5 Según el último informe de la IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático; Intergovernmental Panel on Climate Change, por sus siglas en inglés), en Sudamérica y el sur de América Central la temperatura media continuará aumentando a tasas mayores que el promedio global, lo que conlleva a diversos efectos en los ecosistemas y en los territorios. 6 Compuesto por pactos y convenciones internacionales (Pacto DDCCPP, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [CEDAW], entre otros), así como leyes, instancias/instituciones, mecanismos, entre otros. 7 Instrumento donde se plasman 31 principios dirigidos a los Estados y a las empresas, mediante los cuales se especifican los deberes y las responsabilidades de unos y otras en materia de protección y respeto de los derechos humanos.

10 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador respondiendo a una débil aplicación vinculada a una deficiente supervisión por parte de las instancias responsables. De este modo, se pueden observar las brechas entre lo político normativo y el ejercicio real de derechos laborales; mostrando la necesidad de seguir poniendo énfasis en analizar los impactos de la agroexportación en los espacios locales. Aún más en las trabajadoras quienes experimentan discriminación por género y representan un importante porcentaje (en crecimiento) de la fuerza laboral de las empresas agroexportadoras. Entonces, por todo lo explicado, se tornó relevante indagar de manera profunda y detallada, desde una perspectiva de género e interseccional, en las experiencias y afectaciones (directas e indirectas) de la agroexportación en las trabajadoras agrícolas de la provincia de Ica. Asimismo, se consideró pertinente realizar este estudio desde una mirada no solo economicista o monetaria sino poniendo atención en los balances y equilibrios humanos y ambientales para la sostenibilidad de la vida. Además, el recojo de información ha estado orientado a poder contribuir con información actualizada a escala local a procesos en curso, como, por ejemplo, la implementación del Plan Nacional de Acción (PNA) o proyectos centrados en las trabajadoras, y en aterrizar acciones concretas que contribuyan al seguimiento y a generar condiciones donde se aseguren trabajos decentes8 donde se dé el ejercicio pleno de los derechos de las trabajadoras. El estudio se divide en cinco capítulos: el primero está orientado a brindar una breve revisión bibliográfica para situar cómo se ha abordado los impactos de la agroexportación en la provincia de Ica con énfasis en la situación de las trabajadoras; el segundo brinda mayor detalle a partir de información secundaria de las características actuales de la actividad en la provincia y la situación de las mujeres en relación al mercado laboral; el tercero se centra en explicar la metodología empleada y en algunas precisiones de enfoque; el cuatro aborda el contexto de la CER, importante en tanto es donde se sitúa el actual PNA; el quinto entra a analizar los impactos de la agroexportación en las trabajadoras agrícolas iqueñas, con detalle en las trabajadoras asalariadas, analizando sus espacios laborales, familiares y personales de manera articulada; y el sexto expone las conclusiones y recomendaciones del estudio. 8 El trabajo decente se identifica como aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, donde los derechos son protegidos, y que cuenta con una remuneración adecuada, protección y diálogo sociales (International Labour Organization, en: https://www.ilo.org).

11 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador I Trabajadoras agrícolas iqueñas: una breve revisión bibliográfica

12 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador E n esta sección no se pretende hacer un balance detallado de los impactos y tensiones conforme al desarrollo de la agroexportación en la provincia, pues no es el objetivo de este estudio. Sin embargo, sí se ha considerado importante situar la investigación en un abanico de trabajos que han buscado aportar en la comprensión de las características e impactos en las vidas de las trabajadoras agrícolas iqueñas en los últimos veinte años aproximadamente. Entonces, se buscará abordar lo trabajado en relación con los impactos económicos y laborales; los sociales, vinculados a los espacios familiares, principalmente; y los territoriales y/o ambientales. Esta revisión bibliográfica permitirá identificar cambios y persistencias con relación a la situación de estas mujeres y el cumplimiento de sus derechos en el contexto agroexportador iqueño. Primero, en relación con los impactos económicos, hay coincidencia en las investigaciones en que la agroexportación ha transformado la economía y el mercado laboral regional. Esta actividad ha configurado el surgimiento de nuevos actores en el espacio rural, el asalariado y la asalariada agrícola y se reconoce un proceso de feminización de la mano de obra remunerada en el sector agrícola iqueño (Gómez, 2008; León, 2009; Córdova et al., 2010; Flores, 2011; Ruiz Bravo & Del Rosario, 2011). No obstante, algunos trabajos han precisado que la inserción laboral femenina y su mejora económica no ha respondido a una política laboral interesada en reducir las brechas entre hombres y mujeres sino más bien a un asunto de género (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006; Flores, 2011). Así se ha sugerido que las concepciones e imaginarios en torno a los roles de género han sido los que finalmente han posibilitado la inserción laboral femenina en esta actividad económica. Muchos de los productos privilegiados por la agroexportación suponen etapas de procesos que exigen minuciosidad y destreza manual (manejo de brotes, cosecha, selección empaque, entre otros), las cuales son habilidades asociadas estereotipadamente a las mujeres; por ello, se habría tendido a preferir contratarlas para estos procesos. Por el contrario, los hombres han tendido a ser designados a realizar tareas vinculadas al uso de la fuerza o que precisen conocimientos técnicos o especializados (riego, controles biológicos, fumigación, manejo de maquinaria, entre otros). Además, como han indicado Calisaya & Flores (2006), la inserción laboral femenina ha respondido también a las características propias del ciclo de producción y su temporalidad, pues se orienta a personas que puedan ingresar y salir periódicamente del mercado de trabajo. En ese sentido, como indican Arroyo et al. (2005), en sociedades patriarcales carentes de oportunidades laborales y donde las mujeres son las responsables principales del trabajo de cuidados, este tipo de puestos, así no aseguren plenamente sus derechos laborales, se convierten en su mejor y/o única opción de ingresos. Por otra parte, sobre los impactos económicos, varias investigaciones han coincidido en llamar la atención sobre las brechas entre los índices macroeconómicos y los impactos a escala

13 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador local en las vidas de las trabajadoras agrícolas (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006; Córdova et al., 2010; Gamero, 2012). Estas coinciden en resaltar positivamente que cada vez más mujeres ingresen al trabajo asalariado formal; sin embargo, también han sido críticas con el marco laboral vigente, los salarios reales de las trabajadoras y los trabajadores y la relación con sus jornadas laborales. Por ejemplo, la Federación de Mujeres de Ica - Fepromu resaltaba para el 2007 que, pese al incremento de puestos de trabajo en la provincia, muchas mujeres se encontraban percibiendo sueldos por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), en ese entonces 530 soles. Si bien a lo largo de los años los salarios se han venido incrementado, estos han estado alineados también al incremento de la RMV. La Comisión de Derechos Humanos de Ica - Codehica (2021) presentó un estudio exploratorio recientemente, el cual evidenció varios puntos importantes respecto de los salarios percibidos por las trabajadoras y los trabajadores. Uno de ellos es que, si bien la mayoría de los honorarios ya se encontraban por encima de la RMV, no eran montos significativamente mayores a esta. La mayoría de las personas entrevistadas indicó estar percibiendo entre 1000 a 1200 soles al mes aproximadamente. Además, el trabajo recogió una persistente preocupación y disconformidad con la forma de remuneración de horas extras. También descontento con las formas en las que se delimitan las tareas base para el pago de jornales y destajo9 . Todo esto enmarcado en un contexto de continuo crecimiento de la actividad y a la vez crisis sanitaria y económica generalizada, que posiblemente ha venido restringiendo otras fuentes de ingreso. En este sentido, las tensiones por motivos remunerativos o económicos pueden haberse reconfigurado, pero según la información analizada se mantienen como tema y demanda importante por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, es importante recalcar que en esta actividad se reproduce la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en el país. Las mujeres tienden a insertarse en actividades de menor calificación, recibiendo aún menos ingresos (Fepromu - Ica, 2007; León, 2009), y, por ende, encontrándose en una situación de mayor desventaja y vulnerabilidad. Asimismo, se debe considerar que según la información recogida ha mostrado que la mayoría de trabajadoras en el ámbito agroexportador se ubica entre los veinte y cuarenta años, tienen pareja, cuentan con hijos o hijas y son las responsables principales de su cuidado (Calisaya & Flores, 2006; Fepromu - Ica, 2007; Codehica, 2021). Entonces, por sostener y contribuir a sus economías familiares muchas mujeres optan por realizar extenuantes jornadas laborales, sobre todo en época de cosecha, sugiriendo la necesidad de mayores ingresos. 9 El pago por destajo responde al pago por lo que la trabajadora o el trabajador produce. Este se orienta, en teoría, a promover el incremento de la productividad del trabajador/a mediante incentivos económicos.

14 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Por otro lado, varios de los trabajos analizados han llamado la atención sobre las importantes diferencias entre el régimen laboral agrario10 y general, situando al primero como un retroceso en materia de derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores (Calisaya & Flores, 2006; Fepromu - Ica, 2007; Ferm, 2008; Gamero, 2012; Velazco & Velazco, 2012). Así, dicho régimen laboral sumado a la débil institucionalidad y fiscalización estatal han venido posibilitando salarios inadecuados para las cargas laborales, invisibilización del trabajo extra y condiciones, en general, muy precarias. Con relación a las condiciones laborales, los estudios revisados también evidencian una constante preocupación por lo que han venido experimentando las trabajadoras agrícolas. Tal y como indican Córdova et al. (2010), si bien el número de empleos ha venido incrementándose, se debe ahondar en si se han venido dando en condiciones adecuadas y justas, asegurando trabajos dignos (Ruiz Bravo & Del Rosario, 2011). De esta manera se han identificado temas de análisis comunes; por ejemplo, la situación de los contratos e inestabilidad, el grado de conocimiento de los derechos y/o beneficios laborales de las trabajadoras, la situación de seguridad y salud en el trabajo, la situación de beneficios sociales, el clima y ambiente laboral, la tasa de sindicalización, la fiscalización al sector, la situación de las mujeres con relación al trabajo de cuidados, entre otros. A continuación, se abordan brevemente algunos de estos puntos con el fin de poder enmarcar los resultados de la información recogida en el trabajo de campo. Con relación a los contratos, algunos trabajos evidencian que se ha pasado de una situación de alta informalidad dentro de las empresas, donde las trabajadoras en muchos casos no contaban con contratos escritos11, a una situación opuesta donde se ha convertido en un requisito indispensable (Fepromu - ICA, 2007; León, 2009; Velazco & Velazco, 2012). Más allá de que las trabajadoras ya cuenten con contratos, los estudios evidencian críticas sobre el uso inadecuado de la modalidad contractual (temporal e intermitente) y cuestionamientos sobre la temporalidad de la mayoría de ellos, entre los tres a nueve meses, lo que viene generando situaciones de alta inestabilidad y rotación constante (Flores, 2011; Ruiz Bravo & Del Rosario, 2011; Gamero, 2012; Codehica, 2021). El contar con contratos supone ser un indicador de que las relaciones laborales y, por ende, los derechos están claros para las trabajadoras. No obstante, la información ha mostrado que hasta hace unos años había un gran desconocimiento sobre la lógica de sus remuneraciones, derechos laborales y el rol fiscalizador que deberían cumplir las instancias del 10 El Régimen Laboral Agrario se estableció en el año creado en 2001, debido a la promoción de la Ley 27360 donde se aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. Esta tenía como fin atraer inversiones a las actividades agrícolas fuera de Lima y Callao. 11 Según la Fepromu al (2007) más del 60 % de las trabajadoras de campo y planta empacadora y/o procesadora contaban con contratos escritos, a diferencia del 2000 donde el número era sumamente bajo.

15 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Estado en materia laboral (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006; Fepromu - Ica, 2007). Este tema volvió a ser evidente en el paro agrario (2020) y también fue recogido por Codehica (2021), evidenciando la necesidad de información y la debilidad del ejercicio de sus derechos. Por otro lado, un tema de análisis reiterativo ha sido la situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se pueden identificar estudios muy detallados en salud ocupacional (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006; Fepromu - Ica, 2007), que evidencian los riesgos y las condiciones específicas a los que se exponen las trabajadoras agrícolas en contextos de ausencia de medidas preventivas en salud y seguridad y escasa fiscalización. Por este motivo, se enfatiza la necesidad de prevención de riesgos laborales con una perspectiva de género. El trabajo realizado por la Fepromu - Ica (2007) clarifica que los riesgos a los que están expuestas las mujeres son variados y pueden ser: físicos, ergonómicos, químicos, biológicos o psicosociales. Además, propone, según la información que recogió, que estos se traducen usualmente en enfermedades broncopulmonares, infecciones urinarias, dolores musculares, intoxicaciones por agroquímicos, consecuencias de la radiación solar en la piel, estrés, entre otros. De esta manera se sugiere cómo los cuerpos de las mujeres han venido experimentando directamente la precariedad laboral en un sector donde prima un discurso de bonanza. Si bien el número de empresas con sistemas de SST puede haberse incrementado; y, por tanto, no ser la misma situación que se describió hace diez o quince años, la información recogida por la Fepromu sigue la misma línea de los discursos identificados en las movilizaciones de fines del 2020. En la I Audiencia Pública “Situación laboral y económica de las trabajadoras de la agroexportación en Ica”, organizada por la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso en diciembre del 2020, uno de los temas centrales fue el de las precarias condiciones laborales que aún enfrentan muchas trabajadoras12. En esa reunión se mencionaron múltiples situaciones, como la exposición al sol, problemas de hidratación, accidentes laborales, problemas con los servicios higiénicos y comedores, entre otros. Asimismo, Codehica (2021) identificó entre las trabajadoras la preocupación persistente por la SST y opiniones de diversas personas haciendo mención en especial a la falta de medidas suficientes para la prevención de la COVID-19, la ausencia de implementos de seguridad ocupacional o la falta de capacitación en seguridad. Cabe precisar que estas situaciones se indicaron ocurrían tanto en espacios informales como formales y mostraron que si bien puede haber mejoras es pertinente seguir ahondando en los espacios micro y las experiencias de las trabajadoras. A este punto, se suma como tema recurrente en los análisis en la provincia la escasa capacidad estatal para fiscalizar que efectivamente se cumpla 12 Congreso de la República (2020). “Audiencia en Ica: demandas laborales obreras de agroexportación serán canalizadas por comisión de la mujer”, en: https://www.congreso.gob.pe/Storage/tbl_notas_de_prensa/fld_121_PDF_file/1795-l4Qe6Lo9Qo4Km8H.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022.

16 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador la normativa laboral y, por ende, se respeten las condiciones de trabajo digno y derechos de las trabajadoras (Flores, 2011; Gamero, 2012); siendo también una demanda recurrente en las movilizaciones del 202013. Además de los impactos físicos o exposición a condiciones materiales precarias, las investigaciones analizadas enfatizaban la preocupación de la exposición de las trabajadoras asalariadas a riesgos psicosociales. En este sentido, se hizo alusión a la presión ejercida verbalmente para la ejecución rápida de tareas, principalmente por parte de supervisoras y supervisores, generando situaciones de estrés y tensión constante (Calisaya & Flores, 2006). Igualmente, la Fepromu (2007) ha llamado la atención sobre ambientes hostiles de trabajo donde son recurrentes las humillaciones, amenazas y el acoso sexual, generando afectaciones directas a la salud mental de las trabajadoras. Es importante indicar que, en los materiales revisados, el tema del hostigamiento sexual es abordado brevemente y no ha sido profundizado en estudios recientes, siendo un tema urgente de abordar para contribuir a construir espacios laborales verdaderamente dignos y seguros para ellas. Asimismo, esta información sugiere que pese a estas violencias en los espacios laborales las mujeres optan por seguir trabajando debido a la ausencia de otras oportunidades de ingresos. Otro tema identificado que afecta directamente a las mujeres es el de su situación frente al embarazo. Flores (2011) señala que muchas veces estas han visto afectado su derecho al trabajo, tanto para iniciar una relación laboral como para mantenerla, si es que estaban embarazadas porque se les ve como generadoras de costos adicionales (licencias, lactancia, pre y post natal, por ejemplo) y, además, poco productivas. En diversas fuentes se menciona que las trabajadoras han tendido a esconder sus embarazos por temor a que no las contraten o cesen la relación laboral y perder su fuente principal de ingresos. De esta manera se exponen a situaciones que afectan su salud y el desarrollo de sus embarazos. Por ejemplo, se señala que muchas veces siguen realizando trabajos que implican esfuerzo físico, manipulación o exposición a agroquímicos, pudiendo causarles un efecto perjudicial. Si bien los estudios abordan la salud reproductiva, no exploran en mayor detalle las experiencias de las mujeres respecto de sus ciclos menstruales y qué implicancias traen los contextos laborales precarios que enfrentan. Asimismo, un tema clave, abordado de diversas maneras y con distintos énfasis por varios estudios centrados en las trabajadoras agrícolas asalariadas, es el trabajo de cuidados (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006; Fepromu - Ica, 2007; Ferm, 2008; León, 2009; Gamero, 2012; Grados, 2015; Okawara, 2021) Todos las investigaciones coinciden en evidenciar la marcada desigualdad en la distribución del tiempo y cargas de trabajo que asumen las mujeres en comparación a los hombres en los hogares. Además, estas cargas, como señala Grados (2015), se ven acrecentadas por 13 Santos, G. & Zapata, R. (2020). “Detrás del paro agrario: el cuestionado régimen laboral de las agroexportadoras”, Ojo Público, 3 de diciembre del 2020, en: https://ojo-publico.com/2300/el-cuestionado-regimen-laboral-de-las-agroexportadoras, consultado el 19 de diciembre de 2022.

17 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador las condiciones materiales que estas trabajadoras experimenten en sus hogares y localidades. En este sentido, se sugiere que el trabajo de cuidados será más demandante cuando, por ejemplo, no se cuente con acceso al servicio de agua en la vivienda o haya ausencia de servicios de cuidado. Esto es importante de rescatar porque evidencia que el trabajo de cuidado no depende únicamente de las familias, sino también de infraestructura y servicios públicos. Igualmente, Ruiz Bravo & Del Rosario (2011) evidencian que las dinámicas establecidas por las empresas (horarios, estacionalidad, alta demanda física, entre otros) vienen impactando de manera particular en los cuerpos y dinámicas de las trabajadoras y, por ende, en sus espacios domésticos, evidenciándose también los nexos directos entre los espacios laborales y privados, los cuales tienden siempre a ser invisibilizados. La información analizada constata que las trabajadoras han venido realizando largas jornadas de trabajo pues en realidad realizan dos jornadas, considerando el trabajo remunerado en las empresas y el no remunerado que realizan en sus hogares (Calisaya & Flores, 2006). Así la mayoría de las mujeres se encuentra constantemente tratando de conciliar y gestionar sus trabajos asalariados y las responsabilidades vinculadas al trabajo de cuidados (Grados, 2015). Todo esto, como lo resalta la Fepromu (2007), ha venido generando un fuerte desgaste físico y emocional en las mujeres, el cual acaba impactando en sus vínculos y espacios personales y sociales. Igualmente, como indican Willson y Caro, en contextos como estos se debe considerar que los impactos de las condiciones laborales y los estereotipos de género vinculados al cuidado, impactan no solo en las madres trabajadoras sino en sus redes femeninas cercanas (citado por Grados, 2015). Una muestra es la clara dependencia de las madres trabajadoras del trabajo de cuidados no remunerado que realizan sus familiares (madres, abuelas, hermanas e incluso hijas o hijos mayores) o mujeres afines como amigas o vecinas. Por lo observado en la sistematización, el tema del cuidado se ha analizado inicialmente de manera superficial, como parte de las características generales de las dinámicas de las trabajadoras; y, también muchas veces como un tema de carácter privado, desarticulado del público/laboral. Sin embargo, luego surgieron miradas que sugieren y empiezan a evidenciar los vínculos directos y el aporte del trabajo no remunerado en los hogares al funcionamiento de la dinámica económica de la provincia (Gamero, 2012; Grados, 2015). Autores como Gamero (2012) han señalado la necesidad de implementar guarderías para los hijos e hijas de las trabajadoras debido a la estacionalidad del trabajo; resaltando entre sus beneficios generar entornos de mayor tranquilidad para que las mujeres realicen sus tareas; y, por ende, mejorar su productividad. Cabe preguntar si el objetivo debiera ser únicamente la productividad o más bien la sostenibilidad de la vida y el bienestar de las personas; implicando empezar a priorizar y evidenciar, con el peso adecuado, la importancia de los procesos de reproducción de la vida y del arduo trabajo de cuidados que estos implican. Un trabajo que ha venido siendo asumido principalmente desde el ámbito privado-familiar, y en específico por las mujeres, debido a los condicionamientos de un sistema patriarcal, pero que debería implicar la responsabilidad compartida de múltiples actores (públicos y privados) debido a su importancia para el funcionamiento social y económico.

18 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador En el contexto de las movilizaciones de fines del 2020, las representantes de las trabajadoras del sector denunciaron y posicionaron frente al Congreso la ausencia de cunas o guarderías14 en las empresas y sus extenuantes jornadas laborales, sugiriendo mayor corresponsabilidad por los cuidados. Sin embargo, a diferencia de otras demandas que sí fueron consideradas y se tradujeron en ciertas acciones concretas, este tema no logró ninguna medida ni mayor eco. De esta manera, se evidenció la centralidad del tema para diversos actores: sindicatos, organizaciones, empresas y Estado. Un no abordaje que sigue generando impactos directos y diferenciados en las vidas de las mujeres trabajadoras. Los temas abordados hasta aquí muestran que desde hace más dos décadas se vienen produciendo diversas investigaciones relacionadas con las experiencias de las trabajadoras agrícolas asalariadas. Estas han venido contribuyendo en deconstruir discursos acríticos del impacto de la agroexportación, los cuales pueden acabar repercutiendo en invisibilizar posibles vulneraciones en los derechos de las mujeres trabajadoras. Es importante indicar, como ya lo han venido sugiriendo diversos trabajos (Gómez, 2008; Flores, 2011; Velazco & Velazco, 2012; Codehica, 2021; Okawara, 2021), que las condiciones laborales han venido cambiando en varias empresas a través de estos años. Esto se ha debido a diversos estímulos y/o condicionantes nacionales y/o internacionales. Asimismo, estos trabajos esbozan un universo variado de empresas, con escalas y problemáticas distintas, pero que deberían cumplir por igual la normativa laboral y respetar los derechos humanos. Si bien los estudios revisados han sido un gran aporte, se identifican puntos necesarios por profundizar. Por ejemplo, no ha habido una aproximación muy detallada a los impactos de la actividad considerando las diferentes historias y formas de discriminación que pueden experimentar las mujeres trabajadoras. Asimismo, ninguno de los estudios revisados aborda o se aproxima a la realidad laboral que experimentan las mujeres en sus diversidades. En este sentido, no se ha indagado en las experiencias particulares de las mujeres trans, las cuales son parte también de este sector y siguen siendo muchas veces invisibilizadas. Por otro lado, en relación con los impactos sociales generados por la agroexportación en la provincia, los estudios abordan diversos puntos. Uno de los más resaltados tiene que ver con los impactos de la migración estacional y permanente en los distritos o zonas cercanas a las empresas, los cuales han venido generando nuevas configuraciones poblacionales (INEI y OIM, 2017). Este es un tema clave para pensar la presión sobre la necesidad de espacio para vivienda y la capacidad instalada y necesaria para responder a la demanda de servicios públicos. Además, se ha venido explorando en las reconfiguraciones al interior de los hogares al insertarse las mujeres en el trabajo asalariado. Por ejemplo, estudios como el de Grados (2015) evidencian las estrategias constantes que las madres trabajadoras deben desplegar para poder gestionar el trabajo de cuidados, el cual por sesgos de género es asumido principalmente por ellas. En este 14 Congreso de la República (2020), Ob. cit.

19 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador sentido, también esboza la importancia de las redes de soporte e infraestructura de cuidados en los distritos caracterizados por una alta demanda de mano de obra para el trabajo agrícola, evidenciando que es un tema que implica a múltiples actores. También, entre los cambios al interior del hogar se resaltan las alteraciones en las relaciones entre las trabajadoras y sus hijos o hijas, pues la distribución del tiempo entre el trabajo asalariado y el de cuidados implica menor presencia y acompañamiento en el hogar (Arroyo et al., 2005; Calisaya & Flores, 2006). Así, Córdova et al. (2010) llaman la atención sobre los impactos que pueden estar teniendo dichas ausencias prolongadas, determinadas por las características del trabajo en fundos o fábricas empaquetadoras, en la situación y desarrollo de la niñez y la adolescencia en la provincia. Igualmente, Arroyo et al. (2005) señalan que los horarios y cargas laborales han venido generando a las trabajadoras situaciones de desarticulación social, impactando en todas sus rutinas y vínculos. En general, lo importante de este grupo de trabajos es que permite una aproximación a los espacios familiares de las trabajadoras. Sin embargo, no siempre brindan mayor detalle sobre las implicancias de la suma de cargas laborales para las mujeres o en los aspectos más personales; por ejemplo, el autocuidado o sobre sus percepciones en torno a los impactos que la actividad les genera en diversas escalas, pudiendo evidenciar las tensiones y contradicciones que este tipo de trabajos les impacta. Por último, otro grupo de estudios, que por cierto es el más nutrido y actualizado, es el centrado en los impactos territoriales y ambientales de la agroexportación en la provincia de Ica. En este grupo se encuentran trabajos que muestran las reconfiguraciones espaciales y territoriales a partir del ingreso del sector agroexportador en la región, sugiriendo una mayor presión y desbalances sobre el territorio (Toledo, 2011; Marshall, 2014;). Asimismo, muchos trabajos resaltan cómo se han dado cambios importantes en las dinámicas de la propiedad de la tierra, dándose una concentración de tierras, sobre todo en Villacuri, el cual ha sido el paso inicial de las empresas para ir expandiendo la frontera agrícola hacia el desierto (Damonte, Gonzales & Lahud, 2016). La mayor parte de estos trabajos se han centrado en evidenciar el estrés hídrico de la provincia debido a la extracción insostenible del agua subterránea por el crecimiento exponencial de la demanda hídrica por parte de las empresas agroexportadoras y una débil institucionalidad ambiental e hídrica (Oré et al., 2013; Damonte & Oré, 2016; Muñoz, 2016; Wåhlin, 2018; Zegarra, 2018). Igualmente, de diversas maneras estos trabajos evidencian dos sectores muy diferentes; por un lado, el empresarial, con acceso a agua subterránea a través del control de pozos, con recursos económicos y logísticos, tecnología, equipos modernos de riego, capacidades organizacionales,

20 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador conocimientos especializados, entre otros; y, por otro lado, el sector de la pequeña o mediana agricultura, con acceso muy limitado al recurso hídrico y sin acceso a todos los demás puntos señalados. Además, hay estudios que ya vienen señalando los efectos que viene generando el cambio climático, el cual, debido a su exposición diferenciada, afecta de manera más profunda al segundo grupo (Wåhlin, 2018; Zegarra, 2018; Torres, 2020). Asimismo, es importante indicar que, según estos trabajos, la agroexportación ha venido generando otros impactos ambientales además del hídrico; por ejemplo, cambios en los ecosistemas, efectos en los suelos (sequedad/ salinización), surgimiento de plagas, entre otros. Entonces, todo esto ha venido generando escenarios bastante duros, afectando la producción de muchas parcelas y viéndose afectada sobre todo la producción familiar o a pequeña escala. En general, estas investigaciones son claves para aproximarse a las tensiones, conflictos y desigualdades en torno al acceso a los recursos naturales, en especial al agua, y a las capacidades para el desarrollo agrícola dependiendo del tipo de actor. Igualmente, estos estudios son de utilidad para situar a las trabajadoras agrícolas en un contexto territorial; y aproximarse a las condiciones materiales que traen implicancias diversas y específicas en sus vidas. Estos estudios analizados no profundizan necesariamente en cómo los impactos en el ambiente y/o recursos, en este caso el agua, que tiene mayor énfasis, afecta de manera diferenciada en la vida de mujeres y hombres dedicados al trabajo agrícola. No se ha identificado estudios que sigan un enfoque de género que permita ahondar en las cargas laborales en el ámbito de la pequeña agricultura en un contexto agroexportador Si bien puede haber ciertas referencias, la aproximación a las experiencias de las mujeres y sus problemáticas es escasa, el foco central es la gobernanza de los recursos desde una mirada amplia. En este sentido, este estudio puede contribuir a visibilizar esos impactos diferenciados en las trabajadoras agrícolas familiares quienes dependen directamente de un ambiente sano para sostener su actividad económica y modos de vida. Entonces, hasta aquí se puede observar cómo en las últimas décadas se ha venido generando información diversa sobre el contexto agroexportador iqueño y, en específico, relacionada a varios aspectos de la realidad de las trabajadoras agrícolas, sobre todo asalariadas. No obstante, se han identificado también ciertos ámbitos no profundizados o abordados en los que esta investigación puede aportar. Por ello, este estudio tendrá como objetivo principal indagar y comprender los impactos directos e indirectos de la agroexportación en las vidas de las trabajadoras agrícolas, con especial atención en sus cuerpos y territorios, en la provincia de Ica. Todo esto con el fin de identificar posibles acciones que contribuyan a un ejercicio efectivo de sus derechos en sus ámbitos laborales.

21 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador IIPrecisiones teóricas y metodológicas

22 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Precisiones teóricas E sta investigación tiene como enfoque principal el de género, es decir, ha partido del reconocimiento de las experiencias diferenciadas y necesidades específicas de mujeres y hombres; así como de los roles y tareas diversas que desarrollan en nuestra sociedad. Además, este enfoque permite visibilizar las asimetrías e inequidades existentes (MIMP, 2017), las cuales son producto de procesos históricos y del establecimiento de relaciones de poder que han situado a las mujeres en posiciones de subordinación y las han expuesto sistemáticamente a múltiples violencias (Lugones, 2008; Segato, 2010; Curiel, 2014). Este estudio concibe que las situaciones y roles sociales de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas son muy distintos y son, considerando las desigualdades existentes, necesarias de explorar. Asimismo, se ha considerado que las mujeres pueden experimentar a la vez diversas formas de discriminación, las cuales pueden estar relacionadas a factores como su origen étnico, procedencia, identidad de género, edad, orientación sexual, entre otros, situándolas en escenarios de mayor vulnerabilidad (MIMP, 2017). Por ende, si bien todas las mujeres pueden estar expuestas a ver transgredidos sus derechos por su condición de género, hay casos donde su situación es aún más crítica. Por ejemplo, en un país como el Perú, donde la discriminación étnica y racial aún prevalece, la vulnerabilidad que experimentan las mujeres rurales e indígenas es mucho más dramática que la situación de mujeres urbanas no indígenas (Montalvo, 2021). Entonces es vital considerar la multiplicidad de experiencias que viven las trabajadoras agrícolas e identificar aquellos casos donde la situación de vulnerabilidad y demanda de acciones es más urgente, donde las intersecciones de múltiples violencias coinciden (Crenshaw, 2012). Por ello, se consideró clave contar con un enfoque interseccional, el cual justamente permita aproximarse a la diversidad de realidades y formas en las que sus cuerpos y trayectorias se ven impactados por una actividad económica como la agroexportación. Entonces, debe quedar claro que para este estudio se parte de “entender que no somos mujeres homogéneas, que somos una diversidad de pensamientos, de vivencias y experiencias” (Cariño et al., 2017, p. 525). Por otra parte, es importante señalar que este trabajo se basa en el reconocimiento de los aportes teóricos de la economía feminista y, por tanto, reconoce la centralidad de la economía del cuidado para la sostenibilidad de la vida. La economía del cuidado es entendida como todas aquellas actividades y/o tareas que sustentan el desarrollo físico y emocional, la reproducción de las personas. Estas actividades se orientan a las personas dependientes (por motivos de edad, salud o capacidades), a aquellas que podrían auto proveerse el cuidado (como ocurre con los varones adultos, por ejemplo), pero también se refieren al autocuidado. (Carrasco, 2003; Jubeto et al., 2012; Legarreta, 2014; Rodríguez, 2015; Carrasco Bengoa, 2016).

23 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador También, como propone Carrasco (2003), aquí se considera que el cuidado implica tareas objetivas, en tanto responden a necesidades biológicas; como por ejemplo, aquellas que están centradas en la alimentación, limpieza e higiene, vestido, protección de enfermedades, entre otras; y, subjetivas, que tienen que ver con contribuir a la estabilidad emocional; por ejemplo, los afectos, cariño, la seguridad, la creación de lazos, relaciones, entre otros, siendo también sumamente importantes para la vida y que no son reemplazables por ningún bien o servicio que provea el mercado. Además, la economía del cuidado implica constantes labores de gestión, organización y supervisión, tales como la coordinación de horarios, traslados, vínculos con instituciones y con terceras personas encargadas del cuidado, etc. Todas estas actividades están orientadas al bienestar de las personas y hogares, son el sostén de la vida humana y son consideradas como trabajo. Por ello, se torna necesario entender cómo y quiénes asumen este trabajo que es vital para la reproducción de la vida en nuestras sociedades. Además, aquí se postula, como ya lo han establecido múltiples autoras/es, que si bien la organización/arquitectura del cuidado implica interrelaciones entre hogar/es, Estado (servicios públicos) y mercado, en la práctica el cuidado se ha sostenido y organizado principalmente desde el ámbito privado, desde los hogares; y, en específico desde las mujeres, puesto que el sistema patriarcal lo ha establecido como una responsabilidad femenina (Herrero, 2012; Rodríguez, 2015; Carrasco Bengoa, 2016). Así, las mujeres se ven constreñidas por una serie de mandatos sociales y responsabilidades con las que deben lidiar si quieren o deciden incorporarse al trabajo asalariado que los hombres no experimentan. Asimismo, “el proceso de incorporación laboral de las mujeres les ha significado introducirse en un mundo definido y construido por y para los hombres” (Carrasco, 2003, p. 11); es decir, un mundo que estructura sistemas, normas y horarios y que entran en tensión y conflicto justamente con todo ese trabajo de cuidado, infravalorado, que ellas realizan. De este modo, las mujeres deben cumplir con dobles o hasta triples jornadas y adoptar múltiples decisiones, estrategias y negociaciones para poder conciliar ambos tipos de labor, las cuales suelen tener impactos en su desarrollo y bienestar. Entonces, es necesario considerar que los espacios productivos y reproductivos están conectados, son interdependientes (MIMP, 2019). Por ello, la necesidad de conocer también más de cerca las experiencias cotidianas, lo que ocurre en los hogares de las trabajadoras. Por otra parte, en este estudio se considera que, tal como lo han establecido varias representantes de la economía feminista, existe una relación directa entre el espacio doméstico y el trabajo de cuidados con el funcionamiento del sistema económico-laboral, la cual ha tendido a ser invisibilizada. Así se concibe que sin el trabajo de cuidados en los espacios domésticos no sería posible la reproducción de la fuerza laboral, no habría personas con las cualidades físicas y emocionales para desempeñar las tareas que necesita el sistema o mercados. Sin embargo, la invisibilización de esta relación ha permitido trasladar o desplazar las responsabilidades y costes –no solo en términos de dinero, también en términos de uso de tiempo– de la reproducción

24 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador y sostenibilidad de la vida al ámbito doméstico; y, por ende, mayoritariamente a las mujeres (Pichio, 1999; Jubeto et al., 2012; Rodríguez, 2015; Carrasco, 2016). Por ello, se considera, tal como sugiere Herrero (2012), que existe la necesidad no solo de identificar la desigualdad con relación al cuidado según género, también según espacio o actor; siendo necesario mirar la organización social del cuidado poniendo énfasis en los espacios laborales remunerados. Precisiones metodológicas Para este estudio se consideró pertinente la aplicación de una metodología cualitativa que sirviera para contrastar con la información cuantitativa ya existente sobre la situación de la agroexportación en la provincia; y, también, para observar las alineaciones o desalineaciones entre la escala macro y la micro local. Además, debido a las temáticas, enfoques y posturas teóricas explicadas en el punto anterior, se creyó pertinente emplear una metodología que asegurara procesos cercanos, reflexivos y de interaprendizaje con las trabajadoras agrícolas. En esta línea es clave añadir que esta investigación partió del reconocimiento de la importancia de los diversos tipos y fuentes de conocimiento, más allá del académico, dejando atrás lógicas jerárquicas que tienden a invisibilizar los aportes de los saberes prácticos y locales. De esta manera, tal como sugieren Cariño et al. (2017), quien facilita procesos, como lo podría ser una investigación, debe ser “consciente que puede saber cosas que las otras no saben, pero que también ignora muchas de las cosas que las otras saben y que por tanto sus conocimientos no están por encima de los otros conocimientos” (p. 526). Asimismo, considerando la diversidad de fuentes de información y el tiempo otorgado para el desarrollo de la investigación, se planteó un estudio de carácter exploratorio, centrado principalmente en las experiencias y percepciones de las trabajadoras agrícolas asalariadas y familiares. Sin embargo, se optó por un desarrollo más detallado en el caso de las trabajadoras asalariadas por la variedad de impactos directos vinculados a la agroexportación que estas experimentan. En términos generales, el estudio se basó en el recojo y sistematización de información secundaria y primaria. Con relación al primer grupo, se analizaron estudios académicos, información sectorial, marcos y códigos internacionales y nacionales y bases de datos, principalmente. En el segundo caso, la información fue obtenida a través del desarrollo de un trabajo de campo15 y la aplicación de diferentes técnicas de recojo de información. De este modo se realizaron 4 grupos focales16, 21 entrevistas semi estructuradas a profundidad17 y 10 observaciones participantes. 15 El trabajo de campo tuvo una duración de diez días y se realizó del 4 al 14 de diciembre del 2021. 16 Los grupos focales fueron compuestos por uno exclusivamente de trabajadoras asalariadas, otro de trabajadores asalariados, uno de productoras familiares y uno mixto de miembros de una comunidad. Estos tuvieron participaciones variadas de entre cuatro a ocho participantes. 17 La mayoría de las entrevistas tuvo una duración de entre una hora a hora y media, sugiriendo la amplitud de información recolectada. Además, las personas entrevistadas eligieron el medio (presencial, teléfono o videollamada) por el que querían realizar las entrevistas, respetándose su elección y todas las medidas de bioseguridad.

25 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador En total, se recogió información de 50 personas18, siendo 35 mujeres y 15 hombres; con vinculación a 12 de los 14 distritos de la provincia de Ica. Cabe precisar que la selección de personas entrevistadas respondió a un muestreo no probabilístico; no obstante, se buscó recoger testimonios de redes diversas que brinden mayor amplitud a la muestra. Además, para el caso de las trabajadoras asalariadas en especial, se buscó que la selección evidencie la diversidad de experiencias de estas mujeres. De esta manera, siguiendo el enfoque interseccional antes propuesto, se seleccionó entrevistadas de diferentes edades, lugares de procedencia, origen étnico, estado civil, carga familiar y/o identidad de género. Igualmente, es importante clarificar que las trabajadoras asalariadas entrevistadas ya estaban insertadas en la actividad agroexportadora, contaban con experiencia en el sector o radicaban en la provincia; es decir, no eran migrantes recientes o temporales, las cuales suelen estar aún más expuestas a vulneraciones a sus derechos o a situaciones de discriminación. Sin duda, el no haber podido recoger las experiencias de estas mujeres es una de las limitaciones de este estudio. También lo fue, dada la temporalidad del trabajo de campo, lograr entrevistas con representantes de empresas, sobre todo de instancias estatales19. Por otro lado, se debe aclarar que también se entrevistó a trabajadores asalariados y familiares. Si bien estos no eran el centro del análisis, sus testimonios eran necesarios para triangular los discursos de las trabajadoras e identificar las particularidades y diferencias de sus experiencias frente al desarrollo de la agroexportación en la provincia. Finalmente, hay que señalar que el recojo y análisis de la información, orientado a comprender los impactos directos e indirectos de la agroexportación en las vidas de las trabajadoras agrícolas, se realizó en torno a cuatro ejes: con relación al ámbito laboral, territorial, familiar y personal, y en relación con sus cuerpos y bienestar. Es importante indicar que además de identificar los impactos en torno a estos cuatro ejes, se recogieron en diversos momentos las respuestas o estrategias que constantemente vienen generando las trabajadoras. Entonces, como se ha podido observar hasta aquí, se buscó una aproximación conceptual y metodológica que permitiera recoger de manera articulada y cercana, las diversas experiencias que las trabajadoras agrícolas experimentan en un contexto agroexportador por excelencia, como lo es la provincia de Ica. 18 Se brindó información a todas las personas sobre el fin del estudio, los datos de contacto de la organización y se les consultó sobre aceptar dar la entrevista, la grabación y el manejo de su información con relación al citado por medio de una ficha. No todas las personas accedieron a revelar su identidad; por ello, se mezclan las referencias directas e indirectas en el documento. 19 Se debe indicar que se identificaron muchas limitaciones para el recojo de información con estos actores públicos; se hizo reiterados llamados, solicitudes, pero en varios casos no fueron atendidas. En el caso de Sunafil, se presentó un oficio con un cuestionario, solicitado vía telefónica por el Intendente Regional y, pese a ello, se respondió mediante oficio indicando que no estaba dentro de sus competencias, se contaba además con demasiada carga y se estipula se siga el proceso de solicitud según establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, fue una limitación la fecha designada para el recojo de información siendo diciembre un mes de alta carga para las personas clave.

26 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador III Agroexportación en Ica

27 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador L uego de haber explicado el abordaje de la investigación, esta sección mostrará; primero, una aproximación a la situación de la agroexportación en Ica; principalmente en base a indicadores económicos, generación de empleo, procedencia de la mano de obra y nivel de sindicalización. En segundo lugar, se presentará información que permita tener una mirada macro de la situación de las mujeres iqueñas en relación con su acceso al mercado laboral, su vínculo con el trabajo no remunerado, su participación específica en la agroexportación; y, el impacto reciente de la pandemia en sus trayectorias personales y laborales. Toda esta información permitirá esbozar el contexto general del cual son parte las trabajadoras agrícolas e ir evidenciando las brechas que experimentan en comparación con los trabajadores del sector. 3.1 Características generales de la actividad En las últimas dos décadas, Ica se ha posicionado como uno de los principales focos agroexportadores del país; convirtiéndose en la segunda región más importante luego de La Libertad (MINJUSDH, 2021). Además, la agroexportación es, luego de la minería, la mayor generadora de divisas a nivel regional, manteniendo un crecimiento continuo en los últimos años. Es importante indicar que, si bien las exportaciones mineras han generado mayores divisas, estas han presentado fluctuaciones considerables a comparación de las centradas en el agro (ver Gráfico 1). Gráfico 1. Exportaciones agrícolas y mineras Fuente: Mincetur- Reporte de Comercio Regional 2021, primer semestre. Asimismo, pese a la crisis global desatada por la pandemia por el SARS-CoV-2 durante el año 2020, la agroexportación iqueña logró récords en cifras de productos exportados. Las ventas de bienes agropecuarios ascendieron a 1294 millones de dólares, tal como puede apreciarse en el Gráfico 1; y, debido a este crecimiento, la exportación no tradicional alcanzó una cifra sin preTotal Minero Agro Ica: Exportaciones (US$ miles de millones) [1] 2002 0,5 0,7 1,5 2,2 4,5 4,4 2,7 3,5 3,7 4,2 5,3 04 06 08 10 12 14 16 18 2020 1,6 2.8 20 21 Primer semestre 1,7 1,7 0.8 1.3

28 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador cedentes en la región, 1622 millones de dólares (Mincetur, 2020). Estas cifras sugieren el contexto de bonanza económica de la actividad pese a ciertos meses duros de estancamiento. Por el contrario, la región en general ha sido duramente golpeada en términos económicos. Según el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis), Ica ha pasado de una tasa de incidencia de pobreza monetaria total de 2,6 % en el 2019, a un 8,5 % en el 202020, evidenciando la intensificación de una situación más precaria para muchas familias de la región. Por otra parte, en Ica la agroexportación se sustenta en algunos productos principales, como la uva y el espárrago21, pero también viene siendo significativa la producción de palta, mandarina, tangelo, granada, arándanos, cebolla, alcachofa, entre otros. Es importante indicar que, si bien se producen en la región conservas vegetales, aceites o grasas, congelados y deshidratados, el 82 % de las exportaciones son productos agrícolas frescos (Mincetur, 2021). Esto es clave de considerar porque sugiere la demanda de mano de obra para etapas como la cosecha, el procesamiento y el empaquetamiento en periodos bastante cortos. Asimismo, algunos de los principales mercados con los que las empresas se articulan son: Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, China, Hong Kong, Corea del Sur y México; mostrando un entramado de relaciones que van de la escala local, nacional a la internacional/global. Todo el crecimiento se ha traducido en la ampliación del sector formal; y, por ende, en la creación de puestos de trabajo. Actualmente se registran más de 300 empresas aproximadamente en la región22, situadas en su mayoría en la provincia de Ica, y es allí donde se sitúa la mayor demanda de mano de obra (DRTPE - ICA, 2020). Además, se estima que solo en 122 de ellas se concentra el 85 % de la fuerza laboral23 de la actividad. La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en la región se centra en el ámbito informal, siguiendo la tendencia nacional, representando el 64,3 % para el 2020. No obstante, el porcentaje de empleo formal en la región se mantiene por encima del promedio nacional en casi 11 %. Además, se debe considerar que Ica, hasta antes de la pandemia, era una de las regiones con menor tasa de informalidad laboral y desempleo24 (Arela, Riesco & Chávez, 2020). Asimismo, como se puede observar en la Tabla 1, la PEA asalariada privada y formal para el 2020 se encontraba por encima del promedio nacional, mostrando cifras más favorables que en otras regiones del Perú. 20 Midis (2022). “Reporte regional de indicadores sociales del departamento de Ica”, en: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/Upload/regional/ ica_ok.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022. 21 Según el Mincetur (2021), la uva es uno de los principales bienes agrícolas y el espárrago, hortalizas, que Ica y el Perú exportan. 22 Agraria.pe (2020). “Ica concentra el 30 % de agroexportadoras del país y 20 cultivos”, en: https://agraria.pe/noticias/ica-concentra-el-30- de-agroexportadoras-del-pais-y-20-cultiv-23136, consultado el 19 de diciembre de 2022. 23 Santos, G. & Zapata, R. (2020). Ob. cit. 24 En 2004, Ica era uno de los departamentos con mayor desempleo, con una tasa de 6.5 %. En el 2019, la tasa de desempleo bajó hasta 2.4 %. No obstante, la tasa de desempleo al 2020 se volvió a incrementar al 5.3 %.

29 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Tabla 1. PEA ocupada y asalariada 2020, Ica Fuente: MTPE - Dirección de Supervisión y Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo. En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2599964/11.%20Ica.pdf Asimismo, en el Gráfico 2 se puede observar cómo el promedio de trabajadoras y trabajadores del sector formal privado ha ido en aumento en la última década. En el mes de septiembre del 2021, según los reportes del MTPE (2021), el número de trabajadoras y trabajadores ascendía a 198 311. Esto implica un crecimiento de 10,9 % respecto al mismo mes del año anterior, traduciéndose en 19 mil 484 empleos formales adicionales. Si bien esto puede verse como una situación favorable, se debe considerar que el número de puestos formales no se sostiene durante todo el año. En el Gráfico 3 se observa que tanto para el año 2020 como para el 2021 se dan comportamientos, picos y caídas similares en el número de personas empleadas según temporada o trimestre. Gráfico 2. Promedio de trabajadoras/es del sector formal privado, 3er trimestre del 2021, Ica PEA Ocupada 2020 PEA Ocupada Asalariada Privada 2020 Tasa y cantidad de empleo informal 64,3 % (241 mil 92 personas) 75,3 % (11 millones 226 mil 806 personas) Tasa y cantidad de empleo formal 35,7 % (134 mil 113 personas) 24,7 % (3 millones 674 mil 975 personas) Tasa y cantidad de empleo informal 52,7 % (95 mil 767 personas) 64,0 % (3 millones 340 mil 201 personas) Tasa y cantidad de empleo formal 47,3 % (86 mil 115 personas) 36,0 % (1 millón 882 mil 166 personas) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I Trim 2021 II Trim 2021 III Trim 2021 Eje horizontal (Categoría) 66 980 110 110 118 104 122 045 122 757 129 388 141 028 150 780 158 322 162 479 139 600 172 984 Nota: actualizado al 21 de noviembre del 2021 Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística – Planilla electrónica Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) En: https://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/, consultado el 19 de diciembre de 2022.

30 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Gráfico 3. Trabajadoras/es del sector formal privado, enero 2020-septiembre 2021 De esta manera, si se observan los porcentajes de trabajadoras y trabajadores según tipo de actividad económica en el ámbito privado formal, Gráficos 4 y 5, se puede ver el peso de la actividad agrícola en la generación de empleo25. Así, las fluctuaciones en el empleo formal, observadas en el Gráfico 3, responderían a las características del ciclo productivo agrícola y a las dinámicas de contratación de las empresas agroexportadoras que tiende a ser estacional. En los gráficos se puede observar claramente esta tendencia: en enero del 2021 la actividad agrícola contribuía con la generación de 123 496 puestos de empleo formal, representando el 62,3 % del total; mientras que para el mes de abril contribuía solo con 57 133 puestos de trabajo, el 42,4 % del total. Entonces, esta información sigue la línea de lo ya evidenciado por los diversos estudios abordados en el capítulo I; es decir, se sigue manteniendo una estacionalidad marcada en relación con el acceso a empleo por parte de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas de la provincia. 25 No se cuenta con información desagregada para esta actividad, pero se sugiere responda básicamente a la actividad agroexportadora debido al crecimiento y necesidad de mano de obra. Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 192 401 170 946 137 454 116 539 117 624 128 175 138 630 154 608 178 827 186 201 185 647 192 806 198 265 161 444 127 728 133 840 138 902 146 059 148 404 172 238 198 311 Nota: actualizado al 21 de noviembre del 2021 Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística – Planilla electrónica Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) En: https://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/, consultado el 19 de diciembre de 2022.

31 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Gráfico 4. Trabajadoras/es del sector privado formal por actividad, enero 2021 Gráfico 5. Trabajadoras/es del sector privado formal por actividad, abril 2021 Por otro lado, la estacionalidad de la demanda de mano de obra ha venido generando que se intensifiquen las dinámicas ya existentes, de movilidad y migración de las regiones que rodean al departamento (INEI & OIM, 2017). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática Región Ica: trabajadores del sector privado formal por actividad económica, abril 2021 (Absoluto y porcentaje) 801 (0,6 %) 30 350 (22,7 %) 10 525 (7,9 %) 3 691 (2,8 %) 26 521 (19,8 %) TOTAL 198 265 4 819 (3,6 %) 57, 133 (42,7 %) Agrícola 1/ Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios No precisa Eegión Ica: trabajadores del sector privado formal por actividad económica, enero 2021 (Absoluto y porcentaje) 567 (0,3 %) 28 665 (14,5 %) 10 253 (5,2 %) 4 006 (2,0 %) 26 359 (13,3 %) TOTAL 198 265 4 918 (2,5 %) 123 497 (62,3 %) Agrícola Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios No precisa Fuente: MTPE – Planilla electrónica Elaboración: MTPE – DGPPFLIT – Dirección de Supervisión y Evaluación En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1901504/11.%20Ica.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022. Fuente: MTPE – Planilla electrónica Elaboración: MTPE – DGPPFLIT – Dirección de Supervisión y Evaluación En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2017639/11.%20Ica.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022.

32 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador - INEI (2018), desde el 2007, la población migrante viene aumentando significativamente. Esta proviene principalmente de los departamentos de Ayacucho, Lima y Huancavelica, representando entre los tres el 60 % aproximadamente de la población inmigrante, pero también se registra población significativa proveniente de Apurímac, Arequipa, Junín y Puno. Además, en los últimos años ha aumentado la tasa de población procedente de la región amazónica (Loreto, Ucayali y San Martín), una tendencia que no era registrada en años anteriores por las investigaciones revisadas en el capítulo I (ver Tabla 2). Asimismo, no se ha registrado antes la presencia de trabajadoras y trabajadores expatriados internacionales, en este caso de procedencia venezolana, mientras que ahora son actores para considerar en la provincia. Si bien alrededor del 85 % de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en el país se sitúan en regiones como Lima, Callao, La Libertad y Arequipa (INEI, 2019), en Ica se registran alrededor de ocho mil personas de esta nacionalidad, representando el 1,6 % aproximadamente del total nacional. Este dato es importante de considerar, pues su situación migratoria les sitúa en condiciones distintas y de alta vulnerabilidad (BM, 2020). En general, el principal motivo que se registra por parte de las personas que migran a la región se identifica como la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. No obstante, en el caso de personas provenientes de Ayacucho y Huancavelica se identifica que el terrorismo ha sido, sobre todo para muchas mujeres adultas o adultas mayores, uno de los motores para trasladarse a la región (Flores, 2011). Con respecto a los sueldos que se registran en la región por la actividad agropecuaria, estos tienden a ser mucho más elevados que el promedio nacional; no obstante, este tiende a ser menor a la RMV. Por ejemplo, para el 2019, antes del estallido social y cambio del régimen laboral, el ingreso promedio mensual por actividades agropecuarias era de S/ 1225,7 en Ica, mientras que a nivel nacional era de S/ 474,1 (Arela, Riesco & Chávez, 2020). Entonces, no es que los sueldos sean sumamente altos, sino que la situación de la actividad en la mayoría de las regiones del país es bastante precaria. Sobre los sueldos específicos de las trabajadoras y los trabajadores de la agroexportación, si bien estos se han incrementado a través de los años esto parece haber respondido sobre todo a los cambios en el establecimiento de la RMV e inflación (Araujo, 2020). Además, según se indicó en las manifestaciones del 2020, no ha habido una correlación entre el crecimiento de exportaciones y divisas, visto en el Gráfico 1, y los sueldos promedio registrados en esta actividad26. Si bien no se pretende hacer un análisis exhaustivo de los cambios en el régimen laboral, sí se considera importante exponer algunos puntos resaltantes y las modificaciones que han determinado los salarios de esta actividad. Los ingresos de las trabajadoras y los trabajadoras y 26 Se debe considerar que: “Según un estudio efectuado en 2017 por investigadores de la Universidad KU Leuven de Bélgica, el salario mensual promedio en el sector solo cubre los costos de vida de una persona, aunque la mayoría de los trabajadores tienen familias a quienes atender. El estudio mostró que 28 % de los hogares de la muestra se hallaban por debajo de la línea de pobreza y 56 % debajo de la línea de un sueldo mínimo vital” (Swedenwatch, 2018: 141).

33 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador los trabajadores estuvieron enmarcados en el régimen laboral especial establecido mediante la Ley 27360, ley de Promoción del Sector Agrario; la cual estuvo vigente por casi veinte años. Este régimen estableció que el monto de remuneración mínima diaria era de 36.29 soles (para cuando se trabajara más de cuatro horas diarias en promedio), incluía en ella el CTS y gratificaciones, estableció solo 15 días naturales de vacaciones al año, habilitó la existencia de services o intermediarios y estableció la figura de contratación por tiempo determinado. Tabla 2. Distribución de población migrante, según departamento de nacimiento en Ica: 2007 y 2017 (absoluto y porcentaje) Fuente: Ica. Resultados Definitivos. Tomo 1, INEI En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1545/11TOMO_01.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022. TOTAL 128 793 Departamento 2007 % 2017 % 2007 % 2017 % 100, 0 165 298 100, 0 156 333 100, 0 144 960 100, 0 Inmigrantes1/ Emigrantes1/ Amazonas Áncash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Prov. Const. del Callao Cusco Huancavelica Huánuco Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali 698 2 100 7 613 7 196 35 514 1 272 2 008 2 806 27 208 1 696 3 644 1 707 1 210 23 671 1 179 181 571 532 2 049 3 198 948 528 365 899 0,5 1,6 5,9 5,6 27,6 1,0 1,6 2,2 21,1 1,3 2,8 1,3 0,9 18,4 0,9 0,1 0,4 0,4 1,6 2,5 0,7 0,4 0,3 0,7 873 3 107 9 064 8 157 41 778 2 513 2 539 3 582 29 697 5 661 6 155 2 597 2 168 29 770 3 561 220 621 770 3 173 4 081 1 591 610 478 2 532 0,5 1,9 5,5 4,9 25,3 1,5 1,5 2,2 18,0 3,4 3,7 1,6 1,3 18,0 2,2 0,1 0,4 0,5 1,9 2,5 1,0 0,4 0,3 1,5 211 1 956 879 5 738 3 191 842 10 585 824 1 275 813 2 228 2 393 1 169 114 829 985 444 968 279 2 029 552 1 181 1 425 337 1 200 0,1 1,3 0,6 3,7 2,0 0,5 6,8 0,5 0,8 0,5 1,4 1,5 0,7 73,5 0,6 0,3 0,6 0,2 1,3 0,4 0,8 0,9 0,2 0,8 737 2 753 1 083 6 581 3 164 677 9 749 1 336 1 220 2 807 1 810 1 880 1 280 101 127 774 504 1 099 265 2 040 409 825 1 450 240 1 150 0,5 1,9 0,7 4,5 2,2 0,6 6,7 0,9 0,8 1,9 1,2 1,3 0,9 69,8 0,5 0,3 0,8 0,2 1,4 0,3 0,6 1,0 0,2 0,8

34 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Según las centrales sindicales y la plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, este régimen supuso un retroceso en relación con lograr mejoras en sus ingresos y supuso una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a sus derechos laborales (MINJUSDH, 2021). En el 2019 se promulgó el D. U. 043-2019 que trajo algunas modificaciones, como el aumento de la remuneración mínima diaria a S/ 39,19 o el incremento del periodo de vacaciones a treinta días; sin embargo, estableció la extensión de la vigencia de la ley hasta el 2031. Esto generó descontento y derivó en las manifestaciones del 2020, resultando en la derogación de la ley. Posteriormente, se promulgó la Ley N.° 31110, ley del Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Esta ley establece que la remuneración mínima diaria es de S/ 39,18 (incluida gratificación y CTS), pero además establece el derecho a una bonificación especial por trabajo agrario (BETA), equivalente al 30 % de la RMV; siendo aproximadamente S/ 279 mensuales o S/ 9,30 diarios. Igualmente, la ley trajo otras modificaciones27, como la prohibición de services, reparto de utilidades, contratación preferencial, pago de horas extras bajo el régimen laboral común, entre otras. No obstante, no se ha regulado el tema de los contratos; es decir, estos pueden seguir siendo a plazo fijo o indefinido, o tiempo parcial, un tema demandado y abordado en distintos momentos de las manifestaciones por las trabajadoras y los trabajadores. Sin duda, es necesario mayor detalle en las mejoras concretas que este marco está trayendo en la práctica. Otro punto importante para caracterizar la actividad agroexportadora en la región es considerar el nivel de sindicalización. Antes, se debe tomar en cuenta que la actividad agrícola es la que cuenta con tasa más baja de sindicalización y negociaciones colectivas a nivel nacional (MINJUSDH, 2021). En este sentido, el MTPE aprobó el año pasado el D. S. 006-2021-TR, Reglamento de negociación colectiva de los trabajadores del sector agrario, el cual estipula el derecho a la sindicación, determina niveles de negociación colectiva y condiciones mínimas a cumplir para un trabajo digno (servicios higiénicos, áreas de descanso, comedores, vestuarios alimentación, equipos de protección, regulación uso de agroquímicos y transporte de personal), buscando fomentar la creación de estas organizaciones y sus mecanismos en el sector. Finalmente, cabe indicar que en la región el número de sindicatos también es sumamente bajo. Actualmente, solo existen seis sindicatos en un contexto de más de trescientas empresas en Ica. Esto responde a múltiples razones, entre ellas al debilitamiento de la organización sindical en el contexto neoliberal, las temporalidades de los contratos en el sector, las prácticas antisindicales, los despidos como mecanismos para reducir su constitución, entre otros (Calisaya & Flores, 2006; Okawara, 2021). Entonces, en la mayoría de las empresas no existen organizaciones que velen por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas. 27 Comentario Agribusiness Perú (2021). “Ley del Régimen Laboral Agrario: Perú aprueba nuevas medidas reglamentarias con efectos laborales y tributarios”, Garrigues online, 6 de abril del 2021, en: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/ley-regimen-laboral-agrario-peru-aprueba-nuevas-medidas-reglamentarias-efectos-laborales, consultado el 19 de diciembre de 2022.

35 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador 3.2 Mujeres, trabajo y agroexportación: una mirada macro En Ica, las mujeres se insertan principalmente a trabajar en el sector informal, siguiendo la tendencia nacional (Jaramillo y Ñopo, 2020). En el 2020, el 66,9 % de las trabajadoras iqueñas contaba con un empleo informal, mientras que solo el 33,1 % se ubicaba en el ámbito formal (DRTPE, septiembre 2021). Además, la situación de subempleo28 es más crítica para las trabajadoras de la región. Para el 2020, de acuerdo a la DRTPE - Ica (2021), la tasa de mujeres en situación de subempleo ascendió a 45,7 %. Esto significa que cinco de cada diez mujeres no alcanzaron un empleo pleno, siendo el motivo principal no contar con ingresos adecuados y, en mucho menor medida, contar con un número de horas insuficientes de trabajo. Por el contrario, la tasa de subempleo para los hombres no llegó ni al 27,0 % (DRTPE - Ica, 2021b), evidenciándose las brechas y vulnerabilidades diferenciadas para cada caso. Entonces, las cifras aquí presentadas evidencian que un amplio número de mujeres aún no tiene asegurados sus derechos laborales, no acceden a sueldos acorde a ley, compensación por tiempo de servicio, vacaciones, seguros, acceso a sistema de pensiones, entre otros. Asimismo, en su condición de informalidad, se pueden ver más expuestas a otras situaciones, como condiciones laborales riesgosas, inseguras, carentes de representación y defensa frente a despidos, entre otras (DRTPE - Ica, 2019) Es importante considerar que la mayoría de las mujeres en la región tienden a insertarse en las ramas de servicios y comercio, caracterizadas justamente por su alta informalidad. En el 2020, las mujeres ocupadas en estas ramas representaron el 69 % del total (DRTPE, 2022). Sin embargo, es importante indicar que, en comparación con el 2019, se registró un crecimiento de mujeres empleadas en la rama extractiva, donde está incluida la actividad agrícola agroexportadora. Así, tal como se puede apreciar en la Tabla 3, el porcentaje de mujeres en este rubro creció en un 7,1 %. Esto puede haber respondido, por un lado, a la necesidad de mano de obra debido al crecimiento de la demanda de productos no tradicionales vista en la sección anterior y, por otro lado, a la declaratoria de emergencia nacional y a las medidas de inmovilización social implementadas a causa de la pandemia de COVID-19. La actividad agrícola, al haber sido declarada por el gobierno central como actividad esencial29, retomó operaciones más rápido que los otros sectores donde tradicionalmente trabajan las mujeres, los cuales fueron más afectados. Entonces, se puede observar que la actividad agrícola agroexportadora no es aún la principal fuente de empleo para las mujeres y que la pandemia ha influido en que muchas cambien a este rubro para asegurar ingresos económicos y, por ende, ser el sustento de sus familias. 28 Subutilización o utilización ineficiente de las habilidades, calificaciones o experiencia de un trabajador o cuando este se ve imposibilitado de trabajar todas las horas que quisiera. En: https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3399, consultado el 19 de diciembre de 2022. 29 Decreto Supremo 044-2020-PCM (ampliado por la Resolución Ministerial 0108-2020-MINAGRI) y las actividades conexas están señaladas en la Resolución Ministerial 0094-2020-MINAGRI, por lo que todas estas actividades se han venido ejecutando con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población.

36 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Tabla 3. Mujeres ocupadas según principales ramas de actividad Fuente: DRTP 2021-2022. Elaboración propia. Se debe indicar que, según los datos analizados, la agroexportación ha influido en el incremento de las mujeres ocupadas en el sector privado formal (DRTPE - Ica, 2019, 2021b). En este sentido, AGAP ha señalado que la agroexportación ha contribuido directamente al crecimiento del empleo formal femenino. Según una encuesta aplicada a sus miembros, del 2004 hacia el 2015, esta actividad ha contribuido al incremento de la participación de las mujeres en las actividades del sector en más de siete veces (MINJUSDH, 2021, p. 20). Sin embargo, pese a dicho crecimiento persisten brechas respecto a los ingresos que estas perciben y a la calidad de empleo que se ha venido generando. Con relación a los ingresos mensuales de las trabajadoras en el sector agrícola se puede afirmar que su situación es menos ventajosa que la de los hombres insertados en esta actividad. En todos los casos, sector formal o informal, las mujeres perciben menos ingresos que los hombres (INEI, 2020). Sin embargo, debe resaltarse que las brechas de ingresos entre trabajadoras y trabajadores han tendido a ser mayores en el sector formal (Arela, Riesco & Chávez, 2020; DRTPE - Ica, 2020). Si bien hasta aquí se ha dado información que ha brindado un panorama general sobre la situación laboral de las mujeres en la provincia, es clave considerar que aún muchas mujeres no acceden al mercado laboral. En este sentido, los datos relacionados a la participación femenina en la población desempleada e inactiva30 en la región, 38,3 % y 64,9 % respectivamente, evidencian claramente su situación de desventaja en relación con el derecho al trabajo. Cuando se indaga en los motivos de inactividad se evidencia cómo operan los roles y estereotipos de género. El motivo principal de la ‘inactividad’ femenina, según lo establece la DRTPE - Ica, son los quehaceres del hogar. Se pone este término entre comillas, puesto que en realidad la realización de los quehaceres del hogar es un trabajo no remunerado y la categoría no lo visibiliza. Las cifras al 2019, antes de la pandemia, establecían que el 37,9 % de mujeres no trabajaba debido al trabajo de cuidados; y, por el contrario, solo el 5,9 % de hombres consideraba esta 30 Según el INEI (2019) la Población Económicamente Inactiva (PEI) se define como el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral. Es decir, que no realizan ni buscan alguna actividad económica. La PEI está conformada por estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. Rama de actividad Servicios Comercio Extractiva 2019 43,4% 30,6% 12.2% 19,3% 32,5% 36,8% 2020

37 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador como su razón principal. En el caso masculino se identificó el cursar estudios (16,9 %) como su mayor motivo para no trabajar (DIRESA - Ica, 2022). Para el 2020, el porcentaje de mujeres que afirmó encontrarse ‘inactivas’ debido al trabajo de cuidados llegó a superar el 50 %. Todo esto evidencia cómo la economía del cuidado sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres y trayendo consecuencias directas en su desarrollo laboral, económico y personal. En esta línea es crucial indicar que la pandemia ha recrudecido las desigualdades en cuanto a la economía del cuidado en el país. Según un estudio realizado por la Organización No Gubernamental Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos31 (2021) a nivel nacional, el 62 % de las mujeres indicó que el tiempo destinado al cuidado de la familia ha aumentado como resultado de las restricciones de movilidad y distanciamiento, el 44 % tuvo que dejar su trabajo en parte para dedicarse al cuidado y el 55 % disminuyó las horas que destinaba a la generación de ingresos. Sin duda, estas cifras contribuyen en sugerir las posibles afectaciones que las mujeres trabajadoras iqueñas han venido experimentando. Por último, como se indicó en la sección anterior, Ica ha sido duramente golpeada por la pandemia, ubicándose entre las diez regiones más afectadas por el virus del coronavirus32. Los casos se han concentrado, en primer lugar, en la provincia de Ica, donde se centra este estudio; en segundo, en Pisco; y, tercero, en Chincha. Se debe precisar que estas provincias se caracterizan por porcentajes más altos de poblaciones urbanas y fuertes dinámicas económicas y extractivas. Asimismo, el distrito que ha venido siendo el más afectado, con relación al número de casos y defunciones, es Ica (DIRESA - Ica, 2022). Por otro lado, es clave de considerar que si se observan las cifras a nivel regional según sexo se puede observar que se registra un 5 % más de casos positivos de mujeres que hombres. No obstante, si se observa a nivel provincia, el porcentaje de casos femeninos aumenta en 8 % (ver Gráfico 6)33. 31 Osorio, S. & Belleza, M. (2022). “Mujeres, cuidados y pandemia”, La República online, 24 de enero del 2022, en: https://larepublica.pe/ nota-de-prensa/2022/01/24/mujeres-cuidados-y-pandemia/, consultado el 19 de diciembre de 2022. 32 Minsa (2022). “Sala Situacional COVID-19 Perú del 12/12/2022 - Resumen”, en https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp, consultado el 19 de diciembre de 2022. 33 Además, tanto en Pisco como en Chincha se registran porcentajes más altos de mujeres contagiadas, 53 % y 51 % respectivamente. Por el contrario, en Nasca y Palpa la tendencia cambia. En el primer caso, el mayor porcentaje de casos es masculino, 55 %; y en el segundo, se igualan.

38 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Gráfico 6. Casos COVID-19 en la región de Ica y provincia según sexo, S. E. 10-2020 a S. E. 10-2022 Fuente: DIRESA ICA https://www.diresaica.gob.pe/images/diresaica/4_Oficinas/Epidemiologia/Sala_Situacional/SS_covid-19/2022/SE03_ covid-19_diresaica_22-01-2022.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022. La provincia de Ica es la que ha venido registrando mayor número de mujeres contagiadas de la COVID-19 y es entre las provincias más afectadas la que registra mayor brecha con casos masculinos (ver Gráfico 6). Cuando se observan las tasas de fallecimientos según sexo en el departamento, muestran una tendencia totalmente opuesta. Tal y como ha ocurrido a nivel nacional, los fallecimientos de hombres son el doble que el de las mujeres34. Además, según etapa de vida, el mayor porcentaje de hombres fallecidos se ha venido registrando en la etapa de adultez (30 a 59 años), alrededor del 53,50 % del total de hombres fallecidos, seguidos de los jóvenes (18 a 29 años). En una región como Ica donde predominan patrones machistas y donde casi el 70 % de hogares tiene como jefe de hogar a un hombre adulto (DRTPE - Ica, 2021a), es urgente considerar los múltiples impactos (emocionales, sociales, económicos, entre otros) de estos fallecimientos en las trayectorias de las mujeres iqueñas. Todo lo expuesto en esta sección, a partir de información secundaria, brinda una primera aproximación a las particularidades que enfrentan y experimentan las mujeres trabajadoras en el mercado laboral y en el sector agroexportador: menores oportunidades de acceso, menores posibilidades de contar con un trabajo digno, menores sueldos, mayor carga laboral vinculada al cuidado y efectos de pandemia o vulnerabilidad frente al virus. 34 Minsa (2018). “Sistema Informático Nacional de Defunciones – Tablero de control”, en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp, consultado el 19 de diciembre de 2022. Masculino 42,072 47.70 % Femenino 46,130 52.30 % 88 202 Masculino 17757 46 % Femenino 21154 54 % 38 911 Región Provincia

39 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador IVConducta Empresarial Responsable (CER)

40 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador L uego de tener una aproximación al desarrollo de la agroexportación en Ica y a la situación específica de las mujeres en relación a su acceso laboral, se consideró pertinente mapear cuál es la situación de la implementación de enfoques o herramientas de Conducta Empresarial Responsable (CER). Esto con el fin de identificar los marcos orientados a reforzar la normativa ya existente sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y de la promoción de un desarrollo empresarial orientado a la sostenibilidad. Así, primero se explorará los avances en el ámbito público-estatal y luego en el ámbito agroexportador iqueño. 4.1 Estado y avances en relación con la CER El Estado peruano ha venido adoptando diversos instrumentos internacionales vinculados a encaminar una CER en el país. Ha suscrito las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE para empresas multinacionales en el 200835, se ha adherido a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante Principios Rectores - PR) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011 y ha suscrito la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT en el año 201736. Cuadro 1. ¿Qué es la CER? “Es una herramienta de gran utilidad para gestionar los aspectos negativos de la globalización y fomentar la contribución positiva de las empresas a los resultados económicos y de sostenibilidad”. “La CER tiene un doble objetivo. Por una parte, implica que todas las empresas –independientemente de su condición jurídica, tamaño, estructura de propiedad o sector– realicen una contribución positiva al progreso económico, ambiental y social de los países en los que operan con miras a lograr un desarrollo sostenible. Por otra, implica que las empresas eviten y aborden los impactos negativos en las personas, el planeta y la sociedad derivados de sus actividades y/o que prevengan y mitiguen los impactos negativos directamente relacionados con sus operaciones, productos o servicios a través de sus cadenas de suministro y/o de sus relaciones comerciales”. (OCDE París, 2020, p. 14) Con relación a las Líneas Directrices37 de la OCDE, estas reflejan “el interés de que las empresas apliquen el proceso de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar sus impactos negati35 Como parte de este proceso estableció un Punto Nacional de Contacto- PNC para la CER en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (ProInversión), el cual tenía como misiones “promover las Líneas Directrices y las Guías de Debida Diligencia relacionadas y gestionar casos (denominados ‘instancias específicas’) como mecanismo de reclamo no judicial. El PNC dispone de dos empleados a tiempo parcial y no tiene un organismo asesor que incluya a otras entidades gubernamentales y/o representantes de partes interesadas” (OCDE, 2020, p. 22). Hasta el momento solo ha gestionado 4 casos. 36 Declaración sobre las Empresas Multinacionales (Declaración EMN) es el único instrumento de la OIT que brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. Es el único instrumento global en esta materia elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de alrededor del mundo. Los principios de la Declaración EMN están dirigidos a empresas multinacionales, gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores y cubren las áreas de empleo, formación, condiciones de trabajo y vida y relaciones industriales, así como la política general. Todos sus principios están basados en las normas internacionales del trabajo (Convenios y Recomendaciones de la OIT). La Declaración EMN facilita la divulgación y el entendimiento de la Agenda de Trabajo Decente en el sector privado. 37 Las Líneas Directrices son obligatorias solo para los países miembro de la OCDE y en caso de inconducta por parte de una empresa, se puede presentar una queja ante el Punto de Contacto Nacional.

41 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador vos reales o potenciales sobre las personas, el planeta y la sociedad, así como para dar cuenta de cómo gestionan dichos impactos” (OCDE París, 2020, p. 15). En esa misma línea, los Principios Rectores (ACNUDH, 2011) establecen las obligaciones y responsabilidades de los Estados y las empresas para prevenir y hacer frente a “los efectos negativos en las personas derivados de la globalización y las actividades empresariales de todos los sectores” (Grupo de Trabajo, 2018, p. 1). Estos establecen 31 principios, entre fundacionales y operativos, y están estructurados en torno a tres ejes: proteger, respetar y remediar (ver Cuadro 2). Asimismo, se debe indicar que estos no generan nuevos compromisos u obligaciones de derecho internacional sino más bien “precisan las implicancias de las normas y métodos vigentes para estados y empresas, las integra en un modelo coherente e inclusivo, y reconoce los puntos débiles del actual sistema y las posibles mejoras”.38 Cuadro 2. Tres pilares de los Principios Rectores 1) El deber del Estado de proteger los derechos humanos. 2) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. 3) El acceso a mecanismos de reparación. Es importante indicar que, si bien los principios hacen algunas referencias a considerar las cuestiones de género, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos creyó pertinente generar un informe específico que aborda esta temática debido a la persistencia de brechas en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la poca acción percibida parte de Estados y empresas. De ese modo, en el 2019 presentó el informe “Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, donde se estableció un marco de género para los Principios Rectores que se divide en tres etapas, las cuales se aplican a sus tres pilares. Estas etapas son: la evaluación reactiva de género, las medidas transformadoras de género y las reparaciones transformadoras de género. Entonces, se llama a identificar primero los efectos adversos y diferenciados en los derechos de las mujeres y aquellas normas o estructuras de poder patriarcales que los posibilitan. Por ejemplo, identificar las acciones u omisiones del Estado y empresas sobre los derechos de las mujeres, analizar los datos desglosados por sexo, considerar la interseccionalidad, entre otros. Asimismo, esta evaluación debe llevar a pensar y generar cambios en las condiciones de discriminación, violencia o prevalencia de estereotipos de género. En este caso, asumir compromisos públicos en pro de la igualdad, medidas concretas, sensibilización de quienes ocupan cargos de poder, entre otros. Finalmente, se deberían elaborar reparaciones de ser necesarias, pero se sugiere sean consultadas con organizaciones de mujeres y personas expertas sensibles al género para determinar su pertinencia (Grupo de Trabajo, 2019, pp. 10-11). Sin duda, este informe ha 38 Cf. ONU. Consejo de Derechos Humanos (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, A/HRC/17/31. 21 de marzo, párr. 14.

42 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador representado un llamado clave para que Estados y empresas incluyan una perspectiva de género en el proceso de implementación de los Principios Rectores. Por otra parte, el Grupo de Trabajo ha indicado que un medio clave para acelerar la aplicación de los Principios Rectores es la implementación del PNA, los cuales deben expresar claramente los deberes del Estado y respeto de las empresas por los derechos humanos e, incluso, a través de procesos de diligencia debida y de medidas corporativas orientadas a reparaciones; y, ser específicos a cada contexto (Grupo de Trabajo, 2016). Cuadro 3. ¿Qué es la diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos? “La debida diligencia en materia de derechos humanos es una manera de que las empresas gestionen en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos en los que se ven involucradas. Incluye cuatro componentes básicos: (a) Identificar y evaluar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los servicios prestados por sus relaciones comerciales. (b) Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su participación en el impacto. (c) Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y procesos adoptados para contrarrestar los efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado. (d) Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas –en particular a las afectadas– que existen políticas y procesos adecuados”. Fuente: Resumen del informe del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos a la Asamblea General, octubre de 2018 (A/73/163). En julio del 2017 el Grupo de Trabajo realizó una misión al Perú, reconoció la voluntad política por implementar los Principios Rectores y reforzó los beneficios que traería la elaboración de un PNA en el país (Grupo de Trabajo, 2018). Asimismo, presentó una serie de recomendaciones, como la necesidad de sensibilizar a actores claves como funcionarios/as, autoridades judiciales y legisladores/as para fomentar las capacidades con respecto a los Principios Rectores, prestar atención a los abusos a los derechos humanos en relación a la discriminación contra mujeres y diversidades, la necesidad de fortalecer la fiscalización laboral, promover la igualdad de género, eliminar los obstáculos existentes para acceder a recursos judiciales efectivos, considerar la posibilidad de introducir la obligación de presentar informes y ejercer la debida diligencia a las empresas, entre otros. También es importante indicar que el Grupo remarcó que la agroindustria se encuentra entre las actividades económicas donde los riesgos hacia los derechos humanos son más altos, y que existe la necesidad de reforzar las medidas orientadas a evaluar la sostenibilidad social y ambiental en este sector.

43 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Todos los marcos y recomendaciones mencionados fueron parte del contexto de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-202139. Este Plan estableció, en su quinto objetivo estratégico, implementar estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos por medio de la elaboración de un PNA; viéndose como el primer paso hacia la aplicación de los PR. Actualmente, el PNA cuenta con 4 lineamientos estratégicos y 97 acciones en torno a la aplicación de los PR; entre ellas, establece la elaboración de propuestas normativas, asistencia técnica por parte de las instancias estatales, generación de información e inspecciones, donde se hace mención expresa a los derechos de las mujeres y población LGBTIQ, entre otros. Ahora, los retos principales son su implementación y monitoreo. En el 2018, el Perú se adhirió a la recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Guía de Debida Diligencia para una CER40, la cual estaba orientada a promover un consenso sobre la debida diligencia y, también, contribuir a que las empresas implementen estos procesos tal como sugieren los PR. En esta guía también se sugiere la importancia de contar con una perspectiva de género, sugiriéndose que al evaluar los impactos negativos se preste atención especial en los diferentes riesgos que pueden enfrentar las mujeres y los hombres al interior de las empresas. También en el 2018 el Estado peruano solicitó a la OCDE un estudio específico sobre políticas públicas orientadas a la CER. El resultado fue un documento de análisis y recomendaciones para contribuir con el fortalecimiento del marco y acciones orientado a la implementación de esta en el país. En este documento se indica que aún existen muchos desafíos para crear entornos que efectivamente sean oportunos para la promoción de una CER (OCDE París, 2020). La información presentada evidencia que se cuenta con instrumentos y marcos que sugieren la intención de un abordaje de la CER por parte del Estado; no obstante, todos los elementos son de carácter voluntario, lo que influye en una consideración y aplicación distinta entre empresas. Además, esta información sugiere que la situación con relación a identificar y enfrentar los posibles impactos negativos de las empresas no es la misma que hace veinte años; sin embargo, los vacíos y desafíos en la implementación aún son evidentes. 4.2 Empresas agroexportadoras y avances en relación con la CER Más allá del Estado, un sector de empresas agroexportadoras y los gremios de los que son parte, han venido manifestando su interés por la promoción y desarrollo de una CER. De este modo se han adherido a iniciativas internacionales que van acorde con los PR, tales como el Pacto 39 Minjus (2021). Plan Nacional de Derechos humanos 2018-2021, en: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/02/PNDH2018-2021.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2022. 40 En el 2011 el Perú ya había adherido a las Recomendaciones del Consejo sobre las Guías de Debida Diligencia para el sector minero y en el 2017 a la del sector textil y del calzado. Sin embargo, Perú no se ha sumado a la Guía centrada en las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola.

44 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador Mundial41 y la Agenda 2030 de la ONU o los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), de la cual la AGAP es parte, ha expresado su interés por abordar el tema de los derechos humanos y los PR a través de la elaboración de una “Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos” (Confiep, 2019b). La guía busca evidenciar los motivos por los cuales las empresas deben tener un rol activo en asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, hace referencia a los procesos de debida diligencia e, incluso, da orientaciones sobre cómo abordar los riegos a los derechos humanos en la cadena de suministros (MINJUSDH, 2021). Además, la Confiep ha creado un Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos y ha realizado un Estudio sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú (Confiep, 2019a). De esta manera, al menos en teoría, las empresas afiliadas estarían comprometidas con el respeto a los derechos humanos y a seguir procesos internos de revisión constante. A nivel regional, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, que agrupa también a ciertas empresas agroexportadoras, ha creado un comité de empresas y derechos humanos que tiene como objetivo: tomar el compromiso público del sector empresarial en favor del respeto de los derechos humanos y la gestión empresarial consciente en Perú, al mismo tiempo de observar, mejorar propuestas y cooperar activamente en el progreso de elaboración y la aplicación del PNA en el Perú42, evidenciando, al menos de manera discursiva, el interés por el fortalecimiento de una CER en al ámbito agroexportador. El estudio sobre empresas y derechos humanos en el Perú, realizado por la Confiep (2019a), aunque no se centra únicamente en el ámbito agroexportador, muestra la tendencia de las empresas agroexportadoras de contar con diferentes políticas o códigos de conducta que establezcan lineamientos para fomentar la igualdad de oportunidades o la no discriminación. Sin embargo, el porcentaje de empresas que ha adoptado políticas específicas sobre derechos humanos es sumamente bajo e, incluso, la mayoría no cuentan con acciones específicas sobre la materia (Confiep, 2019a). En el caso iqueño, la información sugiere que algunas empresas formales de gran escala cuentan con políticas o acciones centradas específicamente en la promoción de derechos humanos. Por ejemplo, Agrokasa ha reportado contar con una política de derechos humanos (Confiep, 2019a, p. 63), Agrícola Chapi ha afirmado contar con un plan anual de capacitación que incluye el tema de protección a los derechos humanos, así como con un reporte de información sobre la cadena de suministro (Confiep, 2019a, p. 64), o la empresa Beta Agroindustrial ha afirmado 41 Es una iniciativa voluntaria de las Naciones Unidas dirigida al sector empresarial centrada en diez principios de sostenibilidad para guiar a las organizaciones en temas internos referidos a derechos humanos, trabajo, ambiente y lucha contra la corrupción. 42 Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, “Comité de Empresas y DDHH”, en: https://camaraica.org.pe/comites/comite-empresass-yderechoshumanos/, consultado el 19 de diciembre de 2022.

45 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador que el 90 % de sus colaboradoras y colaboradores reciben capacitación en políticas de derechos humanos (MINJUSDH, 2021). Asimismo, los documentos analizados y algunas entrevistas han evidenciado que ciertas empresas cuentan con procesos de certificación o sellos internacionales que conllevan procesos de auditoría externa, teniendo por objetivo avalar sus estándares en los procesos de producción. Además, su obtención, tal como se indica por la AGAP, contribuye a facilitar el ingreso a mercados del norte global, los cuales son exigentes con relación a la inocuidad de alimentos e impactos socio ambientales, específicamente en las condiciones de salud y bienestar de las trabajadoras y los trabajadores43. Por ejemplo, algunas empresas cuentan con la certificación GLOBALG.A.P., centrada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)44, auditorías SMETA, basadas en la Iniciativa de Comercio Ético (ETI por sus siglas en inglés), la certificación Fair For Life, sobre responsabilidad social, entre otras (MINJUSDH, 2021). Además, se identificó qué empresas cuentan con sellos como el de Rainforest Alliance y UN Global Compact (Agrokasa)45, centrados en la sostenibilidad social y ambiental o con la certificación AWS (Alliance for Water Stewardship), centrada en la gestión sostenible del agua (Agrícola Chapi)46. Estas certificaciones pueden contribuir en mejorar procesos orientados a respetar los derechos humanos y ambientales; no obstante, no son garantía absoluta que estos no se vulneren (Wåhlin, 2018). Sobre la promoción de igualdad de oportunidades y equidad de género y a asegurar espacios laborales libres de violencia, las empresas están obligadas a cumplir con la normativa nacional existente en la materia. Así, algunas vienen implementando comités contra el hostigamiento laboral, mecanismos internos de denuncia (oficina, responsables, buzones, etc.), capacitaciones, entre otros. Aunque, se debe precisar que no se identificó empresas agroexportadoras en Ica que cuenten con certificaciones o sellos centrados en la equidad de género a diferencia de lo que ocurre en el norte del país47. Por último, se debe señalar que la información sugiere que los avances en materia de una CER en el ámbito agroexportador son bastante desiguales entre las diversas empresas. Se visibiliza que en muchos casos se ha equiparado a la misma con la obtención de sellos o certificaciones. 43 Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, “GLOBALG.A.P.”, en: https://agapperu.org/global-g-p/ consultado el 19 de diciembre de 2022. 44 Ídem. 45 https://agrokasa.com/certificaciones/ 46 https://www.chapiagricola.com/nuestro-compromiso 47El diagnóstico de género del PNA muestra el caso de la empresa DANPER, situada en Trujillo y que es mencionada como la única empresa agroindustrial en tener una certificación reconocida mundialmente en materia de equidad de género. Un caso para considerar: http://www. laindustria.pe/nota/21129-danper-renueva-certificacin-global-en-equidad-de-gnero-con-excelentes-puntajes

46 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador V Impactos de la agroexportación en las trabajadoras agrícolas iqueñas

47 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador L uego de haber indagado en la bibliografía centrada en los impactos de la agroexportación en las mujeres trabajadoras, brindar una aproximación a través de información secundaria sobre la situación de las trabajadoras y exponer los marcos vinculados a una CER en el país, esta sección se centrará en brindar una mirada actual a las experiencias e impactos de la agroexportación percibidas por las propias trabajadoras: 1) se abordarán sus experiencias en relación con el ámbito laboral en las empresas agroexportadoras, 2) en sus experiencias en el espacio familiar, sobre todo en lo que respecta a su trabajo no remunerado vinculado al hogar y familia, 3) en su salud física y mental y 4) en sus percepciones sobre sus territorios. Toda esta información permitirá tener una mejor aproximación a cómo la actividad acaba impactando en los cuerpos y territorios de las mujeres iqueñas desde una mirada micro local. 5.1 Impactos en las trabajadoras agrícolas asalariadas 5.1.1 Espacio laboral 5.1.1.1 Origen y motivo de inserción Las mujeres que se insertan en la agroexportación son de orígenes diversos. Si bien la tendencia principal ha sido una alta participación de mujeres de origen andino y de la región, ahora se registra presencia de mujeres de origen amazónico; y, recientemente, participación de mujeres venezolanas. Estos diversos orígenes suponen, bajo un enfoque interseccional, vulnerabilidades diferenciadas. Muchas veces, como se irá viendo en las secciones sucesivas, estas trabajadoras son discriminadas no solo por su condición de género sino por su origen étnico o procedencia. Las trabajadoras entrevistadas coinciden en provenir de zonas donde experimentan condiciones muy precarias y escasas oportunidades laborales. En varios casos se identificó que hay eventos o shocks que han trastocado sus trayectorias, llevándolas a tomar la decisión de insertarse en la agroexportación. Por ejemplo, la enfermedad o muerte de seres queridos, pérdida de empleo del jefe/a familiar, pérdida de activos, generación de deudas, violencia o crisis política, incremento de hijos o hijas, entre otros. En esos contextos, la agroexportación ha surgido como la posibilidad laboral más accesible y rápida, considerando que en muchos casos no cuentan con educación superior y/o experiencia laboral para generar ingresos. Estos casos evidencian las brechas de acceso al trabajo que experimentan las mujeres en el país. A continuación, se pueden observar algunas de las citas que evidencian su inserción en la actividad agroexportadora: “Yo sola empecé porque mi papá estaba enfermo, mi mamá también… como no tenía quien me apoye, sola yo estudiaba y trabajaba…” (Trabajadora asalariada, origen Huancavelica, residente de Los Aquijes, 32 años)

48 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador “Yo empecé a trabajar desde mi juventud, quedé huérfana de mi papá a los 13 años y he vivido solo con mi mamá esas situaciones y salí a trabajar ¿Por qué empecé en las empresas? Porque yo me quedé sin estudios y quería que salgan profesionales mis hijos. Trabajé cortando espárragos, en la parra, en la siembra, todo el trabajo yo he aprendido”. (Trabajadora asalariada, origen Ayacucho, residente de Santiago, 47 años) “Yo estuve en mi distrito, pero quería darles una mejor educación a mis hijos. Allá no hay colegio como debe ser y me vine a Ica con mi esposo. Él trabajaba y no alcanzaba, empecé a trabajar en el 2012. La primera vez de ir a una chacra fue porque mi esposo se enfermó, ese fue el empujoncito para salir al campo”. (Trabajadora asalariada, origen Huancavelica, residente de Los Aquijes, 32 años) Un motivo de inserción especial de mencionar es el relacionado con la pandemia de la COVID-19. Esta ha originado el ingreso de muchas mujeres al sector agrícola asalariado, ya que sus trabajos se vieron trastocados por las medidas de aislamiento social impuestas por el gobierno. En este sentido, las entrevistas evidencian la tendencia ya mostrada en la sección anterior. La pandemia supuso para muchas mujeres la pérdida inmediata de ingresos, pues se ocupaban principalmente en los sectores de comercio y servicios. Si bien todas han experimentado situaciones bastante duras, aquellas mujeres que no contaban con familiares, redes o activos en la región que compensaran o ayudaran a nivelar los desbalances originados por esta crisis y, además contaban con carga familiar, atravesaron por situaciones aún más dramáticas. En este sentido, las experiencias de mujeres migrantes evidencian justamente esa situación de mayor vulnerabilidad. A continuación, las citas son ilustrativas al respecto: “Fue por lo de la pandemia, porque la situación estuvo difícil para conseguir trabajo y, bueno, una compañera estaba trabajando ahí y me comentó del trabajo de los fundos. Me dijo que estaban recibiendo personal venezolano con sus documentos legales y yo como estoy legal… fue lo único que me salió y dije: ‘ya bueno, está bien’, necesitaba hacerlo porque tenía que mantener a mi familia acá y decidí trabajar en eso”. (Dasmery Rodríguez, origen Venezuela, residente de Ica, 26 años) “El año pasado cuando empezó la pandemia no tenía dónde trabajar, porque yo trabajaba en un jardín y tuve que salir al campo porque no había otra entrada. A partir de eso empecé a salir seguidamente. Primero a la cebolla y sacar mi tarea, luego en la uva aprendí a cosechar y raleo. De esa forma he salido al campo”. (Trabajadora asalariada, origen Huancavelica, residente de Salas, 33 años) Por otro lado, se debe considerar que muchas de las mujeres provenientes de zonas andinas o amazónicas manifestaron tener experiencias de producción agrícola familiar. Algunas orienta-

49 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador das principalmente al autoconsumo, pero otras a producir para mercados locales y/o intermediarios. No obstante, se indicó que el aumento de costos, caídas de precios de compra, reducción de productividad de sus chacras, nulo acceso a información o capacitación, recurrencia y efecto de eventos climáticos, entre otros, ha hecho que no sea sostenible su producción, optando por insertarse como trabajadoras asalariadas. Entonces, las mujeres optan por activar sus redes, la mayoría de las mujeres entrevistadas coincidió en que su ingreso a la actividad había estado mediado o acompañado por alguna mujer, familiar o amiga, quien ya trabajaba en la actividad. Por ende, contaban con algo de información sobre las condiciones, pagos, entre otros. Sin embargo, debe considerarse que en este caso la mayoría de las mujeres entrevistadas ya radicaba en Ica por lo que la situación de migrantes temporales, como se dijo, podría ser bastante distinta. 5.1.1.2 Contratación Los contratos son centrales porque establecen las características de las relaciones laborales entre empleadores o empresas y quienes trabajan; una vez suscritos otorgan seguridad jurídica a ambas partes. En Ica, tal como se ha observado en el capítulo 3, prima la informalidad; sin embargo, según la información secundaria analizada, se ha ido observando que el número de mujeres que suscriben contratos ha ido en aumento a lo que ocurría hace veinte años Todas las entrevistadas estaban familiarizadas con procesos de suscripción de contratos y varias señalaron el rol de las áreas de recursos humanos. Algunas precisaron que antes la ausencia de contratos permitía que se inserten a trabajar sin haber cumplido aún la mayoría de edad e, incluso, señalaron que era algo recurrente, pues no había tanto control interno. No obstante, varias indicaron que este tipo de situaciones en empresas formales con sistemas de auditoría, por ejemplo, no sería posible. Más allá de contar con este documento, la mayoría indicó que persiste el desconocimiento sobre sus contenidos; y, en general, sobre sus derechos laborales. “Antes te llevaban sin DNI, sin nada; ahora sí. Todo es papel, contrato y directamente con la empresa”. (Kiara Ramírez, origen Ica, residente de Subtanjalla, 36 años) “No tanto… porque tú llegas al fundo a trabajar y te preguntan ¿ONP o AFP? Ellos no saben porque la mayoría viene de la sierra… Vienen de distintos sitios y no saben, son jovencitos… No saben, pero ahorita ya dicen quiero entrar a la AFP”. (Paulina Velásquez, origen Apurímac, residente de Santiago, 49 años) Un tema identificado importante fue la crítica a la modalidad y temporalidad de los contratos. Se indicó que las oportunidades de contratos indefinidos o que aseguren estabilidad son casi nulas. Según la experiencia, los contratos siguen siendo por periodos cortos, entre tres a seis meses, respondiendo a la lógica de campañas. La tendencia principal, según indican, es que las empresas eviten que las trabajadoras cumplan un año de trabajo continuo con el fin de no reco-

50 Afectaciones específicas a mujeres: Cuerpos-territorios y ambiente laboral en un contexto agroexportador nocerles otros derechos. Entonces, se puede trabajar varios años en una misma empresa, pero bajo esta figura de renovación constante, la cual afecta sus proyecciones futuras y situación al jubilarse. Los fragmentos a continuación evidencian el tema: “Se hacen los contratos por tres meses, pero qué pasa… en la empresa fue eso… páseme su lista con la que Uds. van a contar, cuánto personal necesita para el año. Una vez que ven que esos compañeros/as van a cumplir los meses, les dicen pasen a descansar porque nadie puede cumplir un año porque tienen que pagar vacaciones. Yo consulté y me dijeron que eso es válido, les dan la licencia. La idea es que no lleguen al año, pero sí les hacen firmar los contratos”. (Fiorella Oliva, origen Ica, residente de Santiago, 34 años) “Yo soy temporal, no más; por campaña, no más. No nos hacen cumplir un año, cuando estamos nueve o diez meses ya nos despiden.” (Trabajadora, origen Apurímac, residente de Pachacútec, 36 años) “Es permanente pero no estable, ya no hay personal estable; antes que cumplas un año te están liquidando, te pagan todo. Trabajo ocho meses y me liquidan con 800 soles, más mi semana trabajada y trabajando trece años por 300 soles. Ahora también las cosas van cambiando, antes era quince días de vacaciones ahora es un mes”. (Kiara Ramírez, origen Ica, residente de Subtanjalla, 36 años) “Yo no soy estable. Soy permanente pero no estable. Yo no recibo mis catorce sueldos, son mis doce sueldos anuales y nada más. Vacaciones ahora sí tenemos, antes no había. Yo trabajé cinco, seis años y no tenía vacaciones, cuando llegó un nuevo gerente me acerqué y le dije que yo necesito descanso, no soy estable, pero necesito descanso; entonces nos dijeron vamos a evaluarlo o te damos una licencia. Por ahí yo ya empecé por el tema… a preguntarme, pero ¿por qué?” (Fiorella Oliva, origen Ica, residente de Santiago, 34 años) La preocupación sobre la temporalidad de los contratos parece no preocupar a todas las mujeres por igual. Sobre todo, son las mujeres adultas quienes hicieron referencia a este punto y a los beneficios de permanecer más tiempo en una sola empresa. Varias mujeres adultas indicaron que las trabajadoras y los trabajadores más jóvenes tienen una dinámica de alta rotación que responde a una lógica concreta e inmediata: el precio por jornal o destajo ofrecido por las empresas. De esta manera, van rotando según lo que el mercado ofrece y los diferentes ciclos según producto. No se percibe una preocupación tan marcada por el futuro y sus ingresos cuando entren a la tercera edad. Esta lógica no es exclusiva de trabajadoras jóvenes; sin embargo, sí se identificó diferencias al comparar respuestas según edad. Las mujeres adultas sugirieron que es preferible quedarse en una misma empresa, entrando y