El Crecimiento Sostenible en RD

sólido a nivel central, y posteriormente a nivel mu- conforman el Sistema de Plani?cación e Inversión Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
nicipal (puede apreciarse un análisis del sector en el Pública se encuentran los Consejos de Desarrollo Re-
capítulo 5 de la presente publicación). Entre los avan- gional, Provincial y Municipal como ámbitos de parti-
ces logrados, se ha nombrado como órgano rector cipación de los agentes económicos y sociales a nivel
a la Secretaría de Hacienda, asignándole funciones del territorio14. El papel que desempeña la Secretaría
para velar por la programación, ejecución y evalua- de Plani?cación, Economía y Desarrollo es esencial en
ción de los recursos públicos, y limitando atribucio- lo que respecta a la puesta en marcha de estas instan-
nes en el manejo del presupuesto público que antes cias de modernización.
tenía la Presidencia. En este sentido, con el apoyo de
los Programas del Banco y la Unión Europea, se ha La Ley Orgánica Nº 423-06 de Presupuesto para el
implementado el Sistema Integrado de Administra- Sector Público también establece que el presupuesto
ción Financiera del Estado (SIAFE), que permite sis- debe tener una estructura y un contenido fácilmente
tematizar la captación de los recursos públicos y su comprensibles para la ciudadanía y que debe garanti-
aplicación para el cumplimiento de los objetivos del zarse la comunicación pública periódica y el libre ac-
Estado, a ?n de apoyar la e?ciencia, la transparencia y ceso a la información en lo que respecta a la gestión
la rendición de cuentas en la gestión pública. Asimis- presupuestaria.
mo, esta herramienta se complementa con el Sistema
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), el cual, junto Otro desafío mayúsculo lo constituye la reciente
con el SIAFE, vinculará automáticamente la gestión aprobación de la Ley sobre contratación pública de
?nanciera y operativa pública con su registro conta- bienes, obras, servicios y concesiones, que norma el
ble. Otros instrumentos de suma importancia, cuya sistema de adquisiciones públicas mediante la de?-
aplicación efectiva constituye un principal reto para nición de criterios para llevar a cabo la selección y
la transparencia, son: (i) La Ley de Tesorería Nacional, la evaluación de propuestas, y la adjudicación de
que establece un marco legal para la percepción de contratos, basado en competencia, imparcialidad y
los ingresos, la custodia de los fondos y los valores equidad. Para que se aplique la ley y se cumplan los
públicos; (ii) la Ley de Crédito Público, que formaliza compromisos asumidos en el marco del acuerdo RD-
un marco regulatorio en las operaciones de endeuda- CAFTA se requiere fortalecer institucionalmente a los
miento y crédito público; y (iii) el sistema de contabi- sectores claves, capacitando adecuadamente al per-
lidad gubernamental, que sistematiza las operaciones sonal a cargo de implementar la normativa. Entre las
de programación, gestión y distribución de recursos principales recomendaciones formuladas por el Comi-
del presupuesto nacional a cada una de las entidades. té de Seguimiento de la Convención Interamericana
contra la corrupción para la efectiva implementación
Como complemento, la Ley de Plani?cación e Inver- de esta ley (OEA, 2007) se encuentran: (i) la necesi-
sión Pública Nº 498-06 establece el marco de re- dad de promulgar el reglamento correspondiente
ferencia que orienta la de?nición de los niveles de para ejecutar la ley; (ii) la creación de un portal web
producción de bienes, la prestación de servicios, y la de compras donde se den a conocer las licitaciones
ejecución de la inversión a cargo de las instituciones públicas; (iii) la capacitación de los responsables de
públicas. Dicha ley establece que todos los procesos la administración y la gestión de las actividades de
de formulación, ejecución y contratación deben ser adquisición para lograr un adecuado cumplimiento
de conocimiento público. Dentro de las instancias que de la ley; y (iv) la de?nición del alcance de la micro,

14 Los integrantes de los Consejos de Desarrollo son: los gobernadores, senadores, diputados, síndicos, representantes de las
asociaciones empresariales y/o las Cámaras de Comercio y Producción, representantes de las instituciones de educación
superior, representantes de los gremios profesionales, representantes de las asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos,
y las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en la comunidad. Las funciones de los Consejos de
Desarrollo son, entre otras, las de promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales, para
la discusión y solución de problemas especí?cos; promover la ejecución de programas y proyectos con impacto directo en su
territorio respectivo; y proponer un orden de prioridad a los proyectos de inversión a ser ejecutados (PNUD, 2008).

PARTE 6 ? El marco institucional 341

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 pequeña y mediana empresa para no dejar amplios personal, con claros criterios de continuidad en el car-
márgenes a la aplicación de la ley15. go y de ingreso mediante concursos de antecedentes
y oposición, constituyen una prioridad indispensable.
17.4.2 Los controles integrales del manejo de
los recursos políticos La Contraloría también tiene un nuevo marco legal
(Ley Nº 10-07) y enfrenta un singular desafío, por
El sistema de control integral tiene en el país cinco cuanto a partir de la eliminación del control ex ante
vértices: el control externo, a cargo de la Cámara de en la ejecución de las partidas presupuestarias, de-
Cuentas; el control interno, a cargo de la Contraloría; el berá concentrar su esfuerzo en auditorías selectivas,
control político, a cargo del Congreso; el control judicial, correctamente plani?cadas y en adecuada sincronía
a cargo del Ministerio Público y los tribunales; y el con- tanto con la Cámara de Cuentas como con el Congre-
trol social, a cargo de las OSC y diversos mecanismos so. Su ámbito de in?uencia se extiende no solo a nivel
de auditoría social. De una adecuada relación que com- del Gobierno central, sino además en organismos des-
plemente la tarea de estos vértices, depende, en gran centralizados y municipios.
parte, la e?cacia preventiva de la corrupción en el país.
El Congreso, como órgano de control político, carece
La Cámara de Cuentas (CC) viene arrastrando un se- de una sólida unidad técnica de análisis presupuesta-
rio problema de e?cacia para el cumplimiento de su rio; este vacío impide una efectiva aprobación de la
labor, pese a que durante el año 2004 se aprobó una rendición de cuentas que al respecto debe formular
ley para fortalecer su gestión. El organismo —con el anualmente el Presidente de la República. Por otra
apoyo de la Unión Europea— diseñó el Plan Estratégi- parte, las OSC señalan reiteradamente que aún no se
co de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI), establecen mecanismos claros para llevar a cabo la
2007–2010. Los recientes acontecimientos, que deri- preparación de un presupuesto democrático y con-
varon en la partida de todos sus directivos, resaltan sensuado. Es importante que el Gobierno estimule la
la necesidad de llevar adelante en su estructura ad- participación de sectores productivos y la sociedad
ministrativa un proceso de reingeniería interno que civil para enriquecer y opinar sobre la asignación del
permita a la CC mejorar su gestión y generar mayor gasto público y contribuir a mejorar la transparencia y
con?anza como institución a cargo de promover la legitimar los criterios que rigen el gasto. Se requeriría
cultura de control, y propiciar que las entidades pú- mejorar la asignación presupuestaria a sectores cla-
blicas fortalezcan sus controles internos y sus evalua- ves para el desarrollo, como son la Educación y la Sa-
ciones periódicas. El Observatorio Cámara de Cuentas lud, que actualmente reciben porcentajes del PIB muy
organizado por la sociedad civil (Participación Ciu- por debajo del promedio de América Latina. Asimismo,
dadana, 2006) propuso oportunamente implementar se requiere equilibrar adecuadamente la asignación
una cultura de plani?cación y monitoreo, y estable- destinada a los gastos corrientes, la cual representó
cer criterios objetivos para la selección de las insti- —en 2006— el 75% del total, dejando de lado las inver-
tuciones que la CC debe auditar con el ?n de limitar siones prioritarias de capital (ANJE, 2006a) . Ello, tal y
la imagen de sesgo político en la selección de dichas como se argumenta en el capítulo anterior, enfrenta
instituciones, y contribuir a incrementar la credibili- importantes incentivos políticos en su contra.
dad en la institución. Asimismo, se requeriría especial
atención en la capacitación de sus auditores internos En síntesis, la tarea de control administrativo, social
para elevar la calidad y la e?ciencia institucional. La y político del empleo de los recursos públicos (com-
profesionalización y la carrera administrativa de su plementada con el control judicial que será analizado

15 Uno de los principales retos con respecto a la sostenibilidad de esta ley es garantizar que el ente regulador propuesto cuente
con recursos su?cientes para el cumplimiento de sus funciones a largo plazo. También es necesario garantizar la sostenibili-
dad de las entidades compradoras a nivel nacional, y la creación de unidades efectivas de compra en diversas entidades, las
cuales reemplazarán el papel que tradicionalmente había desempeñado la Presidencia como principal organismo a cargo de
las compras públicas (Claro, 2007).

342 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

RECUADRO 17.1 ? ECONOMÍA POLÍTICA DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL EN LA REPÚBLICA Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
DOMINICANA

Una burocracia autónoma y profesional es un componente indispensable del aparato de aplicación de las leyes y un
baluarte contra el clientelismo, el fraude y la corrupción (Evans y Rauch, 1999). Desde 1821, distintos gobiernos han
intentado profesionalizar el servicio civil. A pesar de los esfuerzos, sobre todo en los últimos años, la cifra de servi-
dores incorporados al sistema de carrera (33.562) supone solo un 10% del total del empleo público. Además, según la
encuesta del INAP (2008), el 70% de los empleados públicos ingresa por recomendación o por in?uencia política sin
agotar ningún proceso técnico de selección el acceso de empleados a la Administración.

El mes de enero de 2008, se aprobó la nueva Ley de Función Pública Nº 41-08, una de las más modernas de la región,
que intenta una vez más conseguir la elusiva profesionalización del funcionariado público. La nueva Ley de Función
Pública establece un plazo de ocho años para la incorporación del total de los servidores. De seguir el ritmo actual de
incorporaciones, hará falta 100 años para implementar la profesionalización del servicio civil.

Tal y como se argumenta en el capítulo anterior, la República Dominicana está atrapada en un círculo político vicioso.
Ante la presencia de un sistema político en desarrollo (es decir, la ausencia de partidos políticos programáticos), una
administración pública permeable tienta a los partidos políticos a que repartan bene?cios (como empleos, contratos
y obras) a cambio de votos. Por ello, los partidos políticos tienden a defender la permeabilidad de la administración
pública cuando están en el poder y a criticarla cuando están en la oposición. En este contexto, lo más probable es que
la reforma del servicio civil se realice de manera gradual. Las medidas dirigidas a fortalecer el carácter programático
de los partidos políticos, y el fortalecimiento de la economía real y de la productividad de los trabajadores ayudarían
a reducir los incentivos que propician la permeabilidad del servicio civil, y facilitarían el proceso de profesionaliza-
ción de dicho servicio. Asimismo, sería recomendable promover la coordinación en el tiempo entre los actores políti-
cos, mediante el diseño e implementación de una estrategia incremental consensuada de implementación de la Ley
de Función Pública que prevea incentivos a gobiernos y la oposición para respetar los acuerdos logrados.

más adelante en esta sección) denota la necesidad de censo por mérito en el empleo del Estado. El Gobierno
establecer un ?ujograma preciso de responsabilidades, se ha propuesto que para 2012, 50% de los empleados
complementariedades, sinergias y coordinación entre públicos sea de carrera, lo cual requerirá de una signi?-
las instancias mencionadas. Dicho ?ujograma deberá cativa gestión y del fortalecimiento del órgano rector a
determinar el criterio de selección de las auditorías, los cargo de implementar esta ley, vale decir, la Secretaría
estándares mínimos de calidad, el destino posterior de de Estado de la Administración Pública (SEAP), antes
sus observaciones, las consecuencias sancionatorias O?cina Nacional de Administración de Personal (ONAP).
de sus informes (a partir de investigaciones posterio-
res que disparen) y una clara división del trabajo entre Una mirada más profunda a los ocho subsistemas del
los aspectos relativos a la mayor e?cacia administrati- sistema de administración de recursos humanos, de
va y aquellos otros que con?guran los delitos penales, conformidad con la metodología desarrollada por el
susceptibles de ser sancionados por la justicia. BID (Longo, 2002) re?eja un incremento en algunos
de los subsistemas de los valores de los índices en
17.4.3 La profesionalización de la función relación con el año 2002 y 2005 (véase el Cuadro 17.1),
pública lo que muestra que el servicio civil dominicano está
realizando esfuerzos para su consolidación, si bien el
Con la nueva Ley sobre la Función Pública (Ley Nº 41- país se encuentra en niveles medio y medio-bajo en
08), se espera mejorar la carrera de los funcionarios comparación con el resto de la región latinoamerica-
públicos así como el acceso, la permanencia y el as- na (Iacoviello y Zuvanic, 2006).16

16 Este incremento parece contradecir los resultados que arrojan los indicadores del Banco Mundial (World Bank Governance In-
dicators, WBGI). Sin embargo, no tiene por qué haber contradicción. Los WBGI agregan básicamente indicadores de percepción

PARTE 6 ? El marco institucional 343

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 A julio de 2008, la situación era la siguiente: Gestión del empleo. Ha habido numerosos intentos
para regular el ingreso —vulnerados con los cambios
CUADRO 17.1 ? COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES de gobierno— que han suspendido, temporalmente, el
PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO ingreso a la carrera administrativa. Solo el 10% de los
CIVIL DOMINICANO servidores públicos ha ingresado a la carrera adminis-
trativa mediante concursos y evaluaciones de méritos.
Año/valoración 2002* 2005** El escaso desarrollo del subsistema de clasi?cación de
1. E?ciencia 5,16 7,67 cargos ha di?cultado los procedimientos de acceso.
2. Mérito 6,31 3,85
3. Consistencia estructural 5,99 4,12 Gestión del rendimiento. Desde 2005, las O?cinas de
4. Capacidad funcional 4,37 5,22 Recursos Humanos, bajo la conducción de la SEAP, han
5. Capacidad integradora 6,82 6,00 venido realizando procesos de evaluación de desem-
peño. Estas evaluaciones se utilizan en los procesos
Fuentes: de incorporación de los empleados actuales a la ca-
* ALEPH, 2002. rrera administrativa, tomándose en cuenta sus resul-
** Actualización: Iacoviello y Rodríguez-Gustá (2005). tados para el otorgamiento del bono vacacional, las
promociones dentro del mismo grupo ocupacional, y
Plani?cación de Recursos Humanos. El subsistema las medidas disciplinarias. La nueva Ley de Función
de plani?cación de Recursos Humanos cuenta con una Pública plantea la evaluación del desempeño institu-
plataforma jurídica actualizada (Ley del sistema de cional y el nuevo sistema de plani?cación introduce
Plani?cación e Inversión; Ley Orgánica de presupues- los convenios de desempeño, lo cual obliga a repen-
to y Ley de Función Pública; y Ley de Control Interno) sar los sistemas de evaluación individual en coheren-
pero, desde el punto de vista institucional, requiere cia con estos objetivos.
la de?nición de los mecanismos de coordinación para
la articulación de las acciones; del desarrollo del sis- Gestión de la compensación. No existe un sistema
tema de información con información cualitativa y salarial ni una política que regule las promociones,
cuantitativa sobre la empleomanía pública (aunque los ascensos, las contrataciones y los incrementos
existen algunos avances con el SASP); y del rediseño salariales, como indica el alto índice de compresión
del Sistema de Clasi?cación y Remuneración de Car- vertical y su variación entre sectores enunciados ante-
gos. Como en diagnósticos anteriores, se veri?ca la riormente. Los incrementos salariales recientes —con
existencia de algunas experiencias exitosas en mate- base en porcentajes sobre los salarios existentes—
ria de plani?cación de recursos humanos tales como aumentan la distorsión salarial imperante.
las de la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría
de Estado de Educación y la Contraloría General. Gestión del desarrollo. En el sector público domini-
cano no existen planes estructurados para el desarro-
Organización del trabajo. La nueva Ley de Función llo del personal de carrera. La capacitación ofrecida
Pública atribuye a la SEAP el control, la creación, la por el Instituto Nacional de Administración Pública
modi?cación y la supresión de puestos de trabajo, si (INAP) no se basa en la realización de las necesidades
bien esta función aún se desempeña en forma de?- formativas de las instituciones públicas. Los progra-
ciente. El 30% de las instituciones posee manuales de mas se preparan, muchas veces, según la oferta del
cargos sin datos con?ables sobre su nivel de imple- mercado o atendiendo a solicitudes especí?cas de las
mentación. entidades públicas. De continuarse esta práctica, la

de un número no explícito de posibles componentes de la efectividad de gobierno. Los indicadores del BID son más precisos
y miden aspectos determinados de uno de los aspectos de la efectividad del gobierno (efectividad del sistema de recursos
humanos). Por ello, es posible que una mejora de la República Dominicana en relación con los indicadores desarrollados por
el BID sea compatible con un deterioro en la relación de indicadores más genéricos.

344 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

capacitación no tendrá el impacto esperado sobre el transparencia y comportamiento ético. Sin embargo, Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
desempeño de las tareas organizacionales. La nueva su cumplimiento es muy bajo y no existe la aplicación
Ley adscribe al INAP a la SEAP como órgano descon- efectiva de un sistema de sanciones en caso de que
centrado, lo cual se traducirá en una mejor orienta- este no se veri?que. Actualmente, la situación patrimo-
ción de los procesos formativos. nial de los principales servidores públicos permanece
en la penumbra y no se cuenta con un entrecruza-
Gestión de las relaciones humanas y sociales. La miento de datos que permita realizar un seguimiento
nueva ley otorga mayores garantías laborales, el de- efectivo, como sería deseable, entre las declaraciones
recho de cesantía, invalidez, seguro de vida y otros, y juradas, los registros de propiedad mueble e inmue-
el sistema de seguridad en concordancia con los lo- ble, y la dirección de impuestos internos.
gros de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)
estatales. Asimismo, crea instancias de conciliación, 17.4.4 El acceso a la información pública
mejora las condiciones de trabajo y fortalece el de-
recho a la organización. En general, este subsistema A través del Consejo Nacional de Reforma del Esta-
ha venido mejorando marcadamente, si bien aún no do (Conare) se está implementando la Ley de Libre
existe una gestión especí?ca del clima laboral, a ex- Acceso a la Información Pública, la cual incluye la
cepción de algunos esfuerzos aislados. instalación de O?cinas de Acceso a la Información
(OAI) y la designación de responsables de acceso a
Todo lo anterior deberá complementarse con la intro- la información (RAI) en todas las instituciones esta-
ducción de sistemas que posibiliten la elaboración de es- tales. Actualmente, se ha adelantado este proceso
tadísticas17, ya que actualmente la recolección de datos en aproximadamente 100 instituciones del Estado.
es escasa y de baja calidad, no se conoce la cantidad real Asimismo, se ha registrado un positivo avance en el
de empleados pertenecientes a las carreras así como diseño e implementación de las páginas web en las
tampoco la cantidad de servidores de carrera que han distintas instituciones, de acuerdo con los requeri-
sido reincorporados (Participación Ciudadana, 2007b). mientos señalados por la O?cina Presidencial de Tec-
nologías de la Información y Comunicación (OPTIC).
En el marco de la función pública, la actuación de la
Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Según una evaluación realizada por el Observatorio
(antes Depreco) adscrita a la Procuraduría General Ciudadano de la Ley de Libre Acceso a la Información
de la República, merece un párrafo aparte18. Esta Di- Pública sobre la ejecución de dicha ley, de las 47 ins-
rección ha implementado el sistema automatizado y tituciones evaluadas, solo 9 cumplían con los requeri-
uniforme de declaración jurada de bienes a todos los mientos mínimos para operar y dar fácil acceso de la
funcionarios públicos para garantizar su integridad, información a la ciudadanía19. Aunque en este informe

17 El Sistema de Administración y Gestión de Servidores Públicos (SASP), apoyado por el BID en el marco del Proyecto Pro-
Reforma, es un sistema de información integrado y ?exible que permitirá al Estado y a las altas instancias de las instituciones
contar con la información consolidada, oportuna y con?able para la de?nición de macro-variables nacionales y las directrices
y estrategias en la Administración y el personal, desarrollando el “panel de control” adecuado para su administración y se-
guimiento. Dicho sistema permitirá determinar la cantidad de servidores con que cuenta la administración pública central, así
como su nivel de formación académica, los sueldos que devengan y el nivel de desempeño, entre otros. Asimismo, conformará
la base de datos nacionales —consolidada, depurada y única— constituyendo un sistema de nómina uniforme y ?exible que
permitirá aplicar la normativa legal y las particularidades funcionales de las diferentes carreras existentes y futuras. El SASP
compartirá y ofrecerá informaciones a otros sistemas del Estado relacionados con las nuevas leyes de Hacienda, los Controles
Internos, las Compras y Adquisiciones y el Libre Acceso a la Información, entre otros (Pro-Reforma, 2008).

18 Dentro de las reformas institucionales llevadas a cabo durante la pasada administración, se han asignado nuevas funciones a
la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (antes Depreco) en la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), para ser la instancia encargada de la investigación, persecución, presentación y sostenimiento de la acción penal
pública en los casos de corrupción administrativa en el país.

19 La Procuraduría de la República; la Secretaría de Estado de Trabajo; el Senado de la República; la O?cina Nacional de la Propie-
dad; el Consejo Nacional de Reforma del Estado; la Secretaría de Estado de Salud Pública y Comunicaciones; la Secretaría de
Estado de Educación; la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, y la Policía Nacional.

PARTE 6 ? El marco institucional 345

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 se menciona que son pocos los avances en las insti- constituye uno de los principales temas que deberán
tuciones en materia de la implementación del marco abordarse en lo que atañe al papel que desempeñan
legal, también se reconoce el esfuerzo que está lle- el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las expectati-
vando a cabo el Conare designado por la Comisión Na- vas de los servidores públicos de ser sancionados por
cional de Ética y Combate contra la Corrupción como la realización de un acto de corrupción son muy bajas
responsable de impulsar este pilar del Plan Nacional (Oviedo et al., 2007). No se cuenta con una plataforma
de Ética, Combate y Sanción de la Corrupción. El in- de datos estadísticos que puedan arrojar resultados
forme recomienda que: (i) se incremente el conoci- claros y objetivos en cuanto a sanciones por corrup-
miento de los funcionarios públicos y de la ciudadanía ción. Los antecedentes del problema tienen un indicio
acerca del derecho de acceso a la información; (ii) se revelador cuando se analiza el período 1983–2003,
designe a los responsables de acceso a la información en el que se sometieron alrededor de 350 casos a la
pública, y se dé facilidades para que puedan cumplir justicia por comisión de delitos de corrupción, de los
su función; (iii) se aplique un diseño único de las OAI; cuales solo uno recibió condena y fue revocada un
(iv) se mejore la plataforma tecnológica y el conteni- año más tarde por indulto presidencial (OEA, 2007).
do de la información de las página web y (v) se avance Tanto los tribunales ordinarios como el Ministerio Pú-
en la creación del órgano que se encargará de la co- blico tienen en sus manos la importante tarea de san-
rrecta implementación de la ley. Asimismo, resultaría cionar los hechos de corrupción para desfavorecer la
importante complementar esta normativa con una ley extendida sensación de impunidad que se registra en
de habeas data (Participación Ciudadana, 2007c). el país. En tal sentido, las modi?caciones políticas, de
gestión y de modernización de procesos y sistemas
El Gobierno está preparando el proyecto de ley que parecen necesarias en el marco de una segunda ge-
enviará al Congreso para la creación del órgano rector neración de reformas, de tal manera que se puedan
que se ocupará de la Ley de acceso a la información, el capitalizar los avances que se han venido logrando
cual apoyará su seguimiento y cumplimiento. Asimis- desde la reforma judicial de 1994.
mo, reconoce la necesidad de llevar a cabo un cambio
de cultura y promover en mayor medida la rendición El inicio de la independencia de los miembros del Po-
de cuentas así como emplear recursos económicos der Judicial y del Ministerio Público adquiere particu-
para el pleno funcionamiento operativo de las OAI. lar relevancia como punto de in?exión para la efectiva
sanción de actos de corrupción. Este inicio deberá
Por otra parte, el Gobierno está apoyando la transparen- complementarse con otros eslabones esenciales: la
cia y el acceso a la información a través de la iniciativa efectiva profesionalización de la carrera judicial, y
de Gobierno Electrónico. A través de la OPTIC, se está un sistema de inamovilidad que se complemente con
invirtiendo en tecnologías de la información como un adecuados incentivos, evaluación de rendimiento y
medio de apertura, transparencia, rendición de cuentas mecanismos disciplinarios apropiados para sancionar
y promoción de la participación ciudadana. Hasta aho- conductas ilegales. En ambos terrenos existe aún un
ra, solo se ha progresado en el contexto conceptual: se amplio camino por recorrer en el país.
han desarrollado portales electrónicos y la apertura a
servicios por medios electrónicos. No obstante, aún no Para reforzar la despartidización de la carrera judicial,
se tiene pleno acceso a la información pública en mate- se ha propuesto rede?nir la estructura y las funciones
ria de presupuestos, nóminas, proyectos y licitaciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, incorporando
entre otros (Participación Ciudadana, 2005). al Presidente del Colegio de Abogados y a represen-
tantes del mundo académico. Sus funciones estarían
17.4.5 La independencia del Poder Judicial y acotadas a la elección y al control disciplinario de
del Ministerio Público los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con
el propósito de consolidar la independencia vertical
La existencia de “leyes sin dientes” y de una exten- al interior del propio Poder Judicial, se ha planteado
dida impunidad en los diferentes estratos sociales la creación de un órgano de Gobierno del Poder Ju-

346 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

dicial (compuesto también por jueces y académicos) so, ocultamiento de bienes provenientes del cohecho Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
con funciones de administración de la carrera judicial, pasivo tipi?cado en el Código Penal, y disposiciones
selección de magistrados, control disciplinario, admi- legales que tipi?quen la comisión del cohecho pasivo,
nistración ?nanciera y presupuestaria, y ejecución de así como disposiciones que tipi?quen la asociación
instrumentos de evaluación de la propia carrera. Con para cometer delitos de corrupción (OEA, 2007).
el objetivo de generar incentivos dentro de la propia
carrera judicial, se ha planteado lo que podría ser una 17.4.6 La extensión y consolidación de la
plausible conformación mixta de la Corte Suprema de transparencia a nivel del Gobierno
Justicia, en parte integrada por jueces de carrera y en central y de los gobiernos municipales
parte integrada por juristas en ejercicio o del mundo
académico (Finjus, 2007a). Con la creación de la Comisión Nacional de Ética y Com-
bate a la Corrupción (CNECC) en 2005, el Gobierno tuvo
En el ámbito del Ministerio Público, también surge la un importante logro que permitió generar un espacio
valiosa oportunidad de consolidar la carrera adminis- de articulación de los diferentes actores públicos,
trativa con rango constitucional, habida cuenta de privados e importantes OSC. Esto dio como resultado
las debilidades constitutivas de la propia ?gura del la elaboración del Plan Nacional de Ética, Prevención
Procurador General20, que depende orgánicamente y y Sanción de la Corrupción, como una importante
en la práctica del Poder Ejecutivo y, por tanto, tiene herramienta en la erradicación de la impunidad y el
debilitada su independencia (Olivo de Pichardo, 2002). clientelismo, y para la promoción del fortalecimiento
Frente a esta situación se debería reforzar un esque- institucional. Sin embargo, han surgido algunos cues-
ma de garantías para el respeto de la carrera de los tionamientos acerca de la operatividad de la CNECC
demás integrantes del Ministerio Público, de modo y de las delimitaciones de sus atribuciones (FINJUS,
que los ?scales de rango inferior ingresen por estric- 2006b). La opinión pública no tiene en claro si su
to concurso21. Adicionalmente, no deberían ser remo- función es la de investigadora o la de orientadora de
vidos de sus funciones arbitrariamente por el Poder políticas estratégicas. Así pues, la CNECC enfrenta el
Ejecutivo de turno (PNUD, 2008). desafío de focalizar con mayor precisión su agenda,
de acuerdo con las nuevas prioridades de la actual
Con respecto a la legislación de fondo para la sanción administración y, en función de ello, desempeñar un
de la corrupción administrativa, existen recomen- papel más activo en el monitoreo, seguimiento y de-
daciones formuladas por el Comité Evaluador de los nuncia del cumplimiento de los planes y programas
Mecanismos de Seguimiento de la Convención Intera- del Gobierno. Su papel de coordinación interinstitu-
mericana contra la corrupción (CICC), particularmen- cional es crucial en tal sentido, para lo cual requerirá
te sobre dos aspectos: i) hace falta un sistema para fortalecer su personal, incluyendo especialidades en
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos par- diversas áreas, factor clave para una lucha efectiva
ticulares que denuncien de buena fe actos de corrup- contra la corrupción. Asimismo, cabe resaltar que se
ción; y ii) se requiere la tipi?cación como delitos de las requiere de una independencia real para garantizar el
?guras del soborno pasivo, soborno activo, disposicio- éxito en sus funciones, tal como se verá en la siguien-
nes penales que tipi?quen el aprovechamiento dolo- te sección.

20 En el marco de las consultas solicitadas a la sociedad civil, se han acercado iniciativas relativas a la ?gura del Procurador
General de la República. Se ha propuesto que su elección la realice el Senado, a partir de una terna que le someta el Poder
Ejecutivo, y que su mandato sea inamovible por cuatro años (FINJUS, 2007).

21 Aunque la creación de la Escuela del Ministerio Público representa un importante esfuerzo para generar institucionalidad, no
deja de ser preocupante que, a más de cuatro años de establecerse la ley que la instituye, solo se haya convocado un concurso
público para la designación de la primera y única promoción de ?scales de carrera con que cuenta el país. En el año 2005,
se seleccionaron, mediante concurso de oposición y méritos, a 100 ?scalizadores que, antes de desempeñar sus funciones,
pasaron un intenso proceso de capacitación en la Escuela del Ministerio Público. El resto de los más de 700 ?scales que hay
en el país son funcionarios designados mediante el tradicional mecanismo de decreto presidencial, en función de la ?liación
partidaria (PNUD, 2008).

PARTE 6 ? El marco institucional 347

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 A nivel local, para ampliar la modernización de la re- rencia en el gasto (Dolores Díaz, 2008). La experiencia
forma de la administración pública se aprobó la ley de los municipios que han implementado experiencias
de Municipios, que tiene por objeto transformar el or- de presupuesto participativo constituye un ejemplo
denamiento jurídico de los Ayuntamientos y propiciar auspicioso que debe replicarse. El proceso de presu-
los mecanismos para llevar a cabo la descentraliza- puesto participativo empezó en 2003 con cinco muni-
ción y participación en la construcción del desarrollo cipios; en 2004 se elevaron a 30, y en 2005, a 58. Para
local. Junto a esta ley, se promulgó la ley de presu- el período 2006–2007, 128 municipios se encontraban
puesto participativo, para que los gobiernos locales en alguna de las fases del proceso. Con la nueva Ley
y las comunidades acuerden y prioricen en conjunto de Organización Municipal, todos los ayuntamientos
la ejecución de los recursos públicos destinados a los del país tendrán que realizar presupuestos participa-
gastos en capital e inversión. tivos (PNUD, 2008).

Sin embargo, para mejorar la transparencia en la ges- 17.5 El contexto de políticas y las
tión municipal, se requeriría implementar un sistema lecciones aprendidas
para la rendición de cuentas de este nivel de gobier-
no. Si bien es responsabilidad de la Cámara de Cuen- Antes de precisar algunas sugerencias más especí?-
tas y la Contraloría General de la República ?scalizar cas para el caso particular de la República Dominicana,
el uso de los recursos estatales, no existen reportes se analizarán brevemente las principales tendencias
actualizados y sistematizados que permitan contro- internacionales veri?cadas en el impulso de políticas
lar su empleo y llevar estadísticas ?dedignas sobre de anticorrupción. Fomentar la transparencia no tiene
ellos22. En la actualidad, solo algunas municipalidades una respuesta universal, extrapolable mecánicamen-
están utilizando el SIAFE, ya que su uso no está re- te de un país a otro, sin tener en cuenta las cuestiones
glamentado para los gobiernos municipales. Sería im- de gobernabilidad, participación ciudadana, desarro-
portante, en consecuencia, considerar que se mejore llo institucional y los contextos económico, social y
la capacidad institucional de los gobiernos locales, y cultural en los cuales se desenvuelven los actores
diseñar o utilizar los sistemas de información y rendi- y las políticas. La reforma pro-transparencia es una
ción de cuentas que ya se están poniendo en marcha reforma nunca acabada, siempre mutable y dinámica
a nivel central, a ?n de avanzar paralelamente en la en sus facetas. Continuamente se están desarrollando
mejora de la administración pública y la promoción a nivel internacional estudios, herramientas e instru-
de la transparencia tanto a nivel central como local. mentos para contribuir al manejo y control, y evitar
la expansión de la corrupción, dado que el problema
Teniendo en cuenta la mayor proximidad, empode- requiere más de una solución.
ramiento y rendición de cuentas que se pueden in-
centivar a partir de experiencias de micro-gestión A modo de contextualización del caso de la República
municipal, resulta importante explorar las múltiples Dominicana, conviene recordar que los abordajes más
alternativas que ofrece el nuevo marco normativo. En recientes destacan los siguientes enfoques a nivel in-
este sentido se propone establecer consejos consul- ternacional:
tivos ciudadanos, audiencias públicas, presupuestos
participativos y encuestas de opinión, que resulten Necesidad de un servicio civil especializado. Para
ser mecanismos ágiles para promover la participa- luchar contra la corrupción desde la faz de la investi-
ción ciudadana y contribuir a garantizar la transpa-

22 El Estado dominicano no conoce el monto total del gasto en las provincias ni en los municipios del país. La mayoría de las
secretarías de Estado no pueden decir dónde ejecutan su gasto. Tampoco existe un registro consolidado del gasto municipal,
y las informaciones están dispersas e incompletas. La Ley de Municipios —promulgada en 2007— establece una nueva redis-
tribución del gasto municipal, conservando el 25% para gastos de personal, 40% para inversión y obras de infraestructura,
31% para el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales, e introduce el 4% destinado a programas
educativos, de género y salud (PNUD, 2008).

348 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

gación y de la punición, se requiere contar con un per- Relevancia estratégica de la prevención. Si bien es Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
sonal especializado en varias disciplinas, incluyendo importante utilizar herramientas para el control de la
derecho, ?nanzas, economía, contabilidad, ingeniería corrupción24, se resalta también la necesidad de focali-
civil y ciencias sociales, entre otras. Además del per- zar mayores esfuerzos en instrumentos para prevenir-
sonal altamente cali?cado, es preciso contar con in- la y atender a las causas del problema, lo cual supone
dependencia23 formal como un requisito insoslayable un esfuerzo por aumentar la calidad e innovación del
para garantizar el éxito en las instituciones punitivas sector público25. Las nuevas acciones para prevenir la
y de investigación (OCDE, 2007). corrupción podrían clasi?carse en tres categorías ge-
nerales: (i) el fortalecimiento en lo que respecta a la
La importancia de no dogmatizar las fórmulas ins- demanda de la buena gestión de gobierno (“demand
titucionales. Con base en sus funciones, las agencias side of good governance”, por ejemplo, a través de la
anticorrupción se podrían sintetizar en los siguientes cali?cación de los servicios sociales por sus bene?-
tres modelos: (i) agencias multipropósito con funcio- ciarios mediante “scorecards”); (ii) la implementación
nes preventivas que garanticen el cumplimiento de la estratégica de las tecnologías de información y co-
ley; (ii) agencias, departamentos o unidades que hagan municación (“ICT”)26 y (iii) la construcción de alianzas
cumplir la ley y que, por lo general, se encuentran den- internacionales o supranacionales para prevenir la
tro del organigrama de la policía o de alguna otra ins- corrupción27. El desafío radica en lograr diseños de ac-
titución de control o supervisión; y (iii) las agencias de ciones efectivas que incorporen estos instrumentos,
prevención, para el desarrollo de políticas y coordina- adecuándose a las necesidades de cada sector, y que
ción institucional, con posibilidad de realizar investiga- den por resultado reformas sustentables para evitar la
ciones, preparar propuestas de legislación relevantes corrupción (Van Beverhoudt et al., 2008).
y constituirse en el punto de in?exión para la coopera-
ción internacional y el vínculo con la sociedad civil. La Identi?car denominadores comunes para el buen
experiencia comparada demuestra que no existe una gobierno, más allá de las políticas sectoriales
fuerte evidencia de que estos entes centrales antico- anticorrupción. Existe una aparente tensión entre
rrupción sean realmente efectivos para reducir el fenó- las políticas universales de control de la corrupción
meno. Por tanto, más allá de analizar si existe o no un y las políticas sectoriales así como entre los linea-
ente único encargado de monopolizar la lucha contra la mientos universales de buen gobierno que se aplican
corrupción, lo importante es de?nir la independencia y a todo el sector público y las exigencias especí?cas,
autonomía de los organismos con funciones claves en de acuerdo a las características de los terrenos más
la materia, como también la adecuada formación multi- vulnerables al ?agelo de la falta de transparencia28.
disciplinaria de su personal (OCDE, 2007). Una adecuada focalización de prioridades de actua-

23 Para considerar una institución de anticorrupción independiente se requiere contar con: (i) una clara reglamentación; (ii) un
espacio físico separado o alguna institución que goce con autonomía comprobada; (iii) un proceso de selección del director
basado en la transparencia y con amplio consenso con los diferentes poderes; (iv) una selección del personal basada en trans-
parencia y sistemas de mérito. El proceso de reclutamiento deberá incluir una profunda investigación de los antecedentes
de los candidatos y deberá ofrecer medidas de protección para el personal y sus familias, así como salarios acordes con la
naturaleza y especi?cidades de sus funciones; (v) un adecuado ?nanciamiento y autonomía ?scal; y (vi) rendición de cuentas
y transparencia (OECD, 2007).

24 Vale decir, investigación, procesos de juicio, litigación, y condenas civiles y criminales para actos de corrupción.
25 Desde esta perspectiva, también resulta importante señalar que cuando se habla de prevenir la violación de la ley, se hace

referencia a un concepto amplio de normativa, incluyendo no solo la penal sino además la civil y administrativa, por cuanto la
cultura del Estado de Derecho y respeto a la legalidad requiere de una aplicación que va más allá de la sanción penal.
26 La implementación efectiva de ICT no solo implicaría la sistematización de procesos sino, en primer lugar, un análisis y una
adecuación de estos para mejorar la efectividad y la e?ciencia en la gestión.
27 En algunos casos, las reformas sectoriales requieren trascender las fronteras, sobre todo en sectores sensibles como la industria
forestal, petrolera y minera, entre otras, que permitan crear sólidos acuerdos internacionales para evitar actos de corrupción.
28 Por ejemplo, las demandas especí?cas en el Sistema de Justicia y Seguridad; el Sector Educativo; el Sector Farmacéutico; el
Sistema Educativo; el Sector Eléctrico; el Sector de Transporte y Comunicaciones; las Obras Públicas; el Sector Petrolero; Agua
y Saneamiento, y el Sistema de administración y manejo de las ?nanzas públicas.

PARTE 6 ? El marco institucional 349

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 ción puede hacer converger tanto las exigencias de avances que se han venido impulsando por parte del
políticas generales como los desafíos de políticas Gobierno sientan las bases del fortalecimiento del
en sectores más especí?cos. Como ejemplo de esta Estado de Derecho, a través de la adopción de medi-
focalización inteligente, se ha identi?cado el área de das que mejoren la capacidad regulatoria del sector
compras y contrataciones públicas (procurement), un público y promuevan la transparencia en su gestión.
común denominador en pos de la transparencia, más No obstante, es necesario concretar micro-reformas
allá de las características especí?cas de cada sector. (que se describirán a continuación) que permitan
Focalizar los esfuerzos en esta área permite diseñar llevar a cabo una efectiva implementación y profun-
indicadores cuanti?cables y comparables entre sec- dización de las políticas adoptadas por el Gobierno,
tores y revisar el desempeño del gobierno en esta y que requerirán de esfuerzo y voluntad política por
fase del proceso. En este sentido, contar con indica- parte de la nueva Administración. A continuación se
dores detallados posibilita, a su vez, mejorar y a?nar sugieren algunas opciones de política que podrían
las reformas anticorrupción y adaptarlas, re?ejando priorizarse en función de los requerimientos y nece-
las necesidades para cada sector (Van Beverhoudt et sidades del país para contribuir en la lucha contra la
al., 2008). corrupción:

Utilidad de fomentar análisis cualitativos para 1. Leyes con “dientes”. La mayoría de las leyes bá-
abordar el fenómeno de la corrupción. Dada la na- sicas que el país necesita para modernizar su siste-
turaleza del problema, cabe recordar que se requiere ma de gestión pública y promover la transparencia
ir más allá de su monitoreo cuantitativo a través de ya están sancionadas. Deben entrar en vigencia, lo
índices generales de débil consistencia. Asimismo, se cual implica —entre otras cuestiones— desarrollar
requiere el desarrollo y la aplicación de metodologías planes estratégicos y operativos que establezcan
cualitativas y analíticas que permitan entender mejor secuencias temporales de aplicación, un núcleo
la dimensión del fenómeno desde múltiples facetas. duro de responsables administrativos, monitoreo
Por ejemplo, encuestas adaptadas para obtener una de resultados y, esencialmente, sanciones admi-
mejor descripción de los problemas (PNUD, 2005); en- nistrativas y judiciales para aquellos casos de ?a-
cuestas de auto reporte por parte de los ciudadanos grante incumplimiento. Las cinco leyes claves cuya
para recibir retroalimentación sobre la calidad de los aplicación forjaría un cambio sustantivo para la
servicios públicos (citizen report card surveys); moni- consolidación de la transparencia en el país son:
toreo y evaluación de programas o proyectos por parte i) Ley de Servicio Civil; ii) Ley de Acceso a la Informa-
de la comunidad mediante la auditoría social; presu- ción Pública; iii) Ley de Compras y Contrataciones
puesto participativo; y empleo de medios de comunica- del Estado; iv) Sistema Nacional de Plani?cación e
ción para concientizar a la población y sacar a la luz las Inversión Pública; y v) Ley de Municipios.
situaciones más problemáticas (Johnston, 2005; OCDE,
2007). En esta misma dirección, conviene tener en 2. Instituciones claves como motor de la trans-
cuenta que los temas de cohecho son relevantes pero parencia. Como complemento al punto anterior,
no son la única expresión del fenómeno. Aspectos re- se identi?can cinco instituciones claves para lide-
lativos al patrimonialismo, el nepotismo, los con?ictos rar la consolidación del proceso de reformas pro
de interés y los fraudes en el sentido amplio también transparencia: i) la Secretaría de Estado de Ha-
deben considerarse al momento de fomentar el análisis cienda (a cargo de la implementación de la nueva
de iniciativas pro transparencia (Johnston, 2005). Ley de Compras y Contrataciones); ii) la Secretaría
de Estado de Plani?cación, Economía y Desarrollo
17.6 Recomendaciones de política (que puede celebrar, por ejemplo, conjuntamente
con la Secretaría de Hacienda, contratos por re-
Desde la perspectiva especí?camente referida a la sultados y desempeño con las instituciones del
República Dominicana, es importante resaltar que los sector público en virtud de la Ley Nº 496-06. Dicha
Secretaría tiene, además, la rectoría del Sistema
Nacional de Plani?cación e Inversión Pública);

350 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

iii) la Secretaría de Estado de la Administración Pú- 6. Transparentar el ?nanciamiento partidario y Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
blica (a cargo de la profesionalización del servicio proselitista. El otro esfuerzo legislativo aún pen-
civil); iv) la Procuraduría General de la República (a diente, que aparece como una condición sine qua
cargo de la investigación y promoción de acciones non para garantizar una e?caz consolidación de
públicas penales en casos de corrupción); y v) la la transparencia en el país, tiene que ver con la
Comisión Nacional de Reforma del Estado, Conare, necesidad de establecer una nueva ley de partidos
(encargada de viabilizar la aplicación de la Ley de políticos y de ?nanciamiento de campañas electo-
Acceso a la Información Pública y de motorizar re- rales que incluya claras sanciones en el caso de
formas a nivel municipal). incumplimiento de sus disposiciones que deben
3. Precisar el papel que desempeña la Comisión ser aplicadas por organismos independientes de
Nacional de Ética y Combate a la Corrupción control y monitoreo.
(CNECC). En este marco institucional, se requiere
asimismo precisar la nueva agenda de la CNECC, 7. Incentivos para establecer “Campeones Pro
que podría reformar su estructura interna y de?- Transparencia”. No solo hacen falta leyes con
nir las actividades en función de las prioridades “dientes” sino además “zanahorias” para propiciar
antes mencionadas, operando como un mecanis- su cumplimiento real, a través de un adecuado sis-
mo de enlace y coordinación del resto de las ins- tema de incentivos —económicos y simbólicos—,
tituciones y, particularmente, como una caja de que promueva un cambio cultural en el seno del
resonancia de las demandas de la sociedad civil sector público. En este aspecto, existen acciones
organizada que bien podría reforzar su presencia embrionarias en el país que merecerían ser pro-
en dicho ámbito. movidas en mayor escala, tales como los Premios
4. Fortalecer los sistemas de Control Externo y Nacionales a la Calidad (Conare, 2008), las Carta
Control Interno. En primer lugar, parece necesaria Compromiso, y los Contratos de Desempeño. Asi-
una adecuada división del trabajo entre la Cámara mismo, la experiencia internacional muestra un
de Cuentas, la Contraloría General de la Repúbli- nutrido espectro de modalidades de Fondos Con-
ca y el Congreso (en el área de control ex ante y cursables que tienden a regular la relación entre
ex post del presupuesto enviado por el Ejecutivo). las diferentes agencias del Estado y los niveles
Evitar los cuellos de botella de múltiples auditorías central y descentralizado del Gobierno, introdu-
sin sentido ni una agenda estratégica; coordinar ciendo, en este afán, criterios de competencia y
esfuerzos a nivel de instituciones y ámbitos terri- visibilidad a la asignación de recursos a menudo
toriales; evitar la realización de auditorías con ?- vinculados también a iniciativas de participación y
nalidades arbitrarias y usos partidarios; consolidar control de la sociedad civil.
una carrera administrativa de excelencia entre el
personal de las áreas de control; e introducir nue- 8. Un Estado profesional e inteligente. En con-
vas tecnologías que automaticen y estandaricen cordancia con lo manifestado en los puntos 2 y 7,
procesos, todo lo cual implicaría un paso sustan- el apoyo a la Secretaría de Estado de la Adminis-
tivo para la prevención de conductas inapropiadas tración Pública es una estrategia que sirve para
en el seno del Estado dominicano. implementar efectivamente los regímenes de
5. Concentrar prioridades en el mecanismo de se- profesionalización en los diferentes estamentos
guimiento de la Convención Interamericana. En del sector público dominicano, partiendo de un
el caso particular del mecanismo de seguimiento principio básico: el ingreso al Estado por concurso
de la Convención de la OEA, se plantea uno de los de antecedentes, con base en claros criterios com-
dos esfuerzos legislativos importantes que aún petitivos sin ningún tipo de excepciones (lo cual
restan en el país, a saber, la tipi?cación de conduc- supondrá, en de?nitiva, una autolimitación de los
tas penales que tienen que ver con la corrupción poderes presidenciales y, simultáneamente, el es-
administrativa, y que han sido enumeradas en las tablecimiento de una grilla salarial estandarizada
secciones anteriores del presente capítulo. en toda la administración). La ley que dote de un
claro marco normativo y racional a la aprobación y
de?nición de estructuras orgánicas por parte de la

PARTE 6 ? El marco institucional 351

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 administración pública constituye el complemento ción entre las funciones jurisdiccionales y las de
indispensable para este esfuerzo29. administración de justicia, de modo que se refuer-
9. Nuevas tecnologías al servicio de la transpa- ce también la independencia vertical de los tribu-
rencia. En consonancia con todo lo manifestado nales. Las propuestas de reforma del Consejo de la
anteriormente, la introducción de mecanismos de Magistratura, los criterios de constitución de la Su-
Gobierno Electrónico y nuevas tecnologías de ges- prema Corte de Justicia y el encuadre institucional
tión debería ser el soporte para la automatización del Ministerio Público merecerían ser analizados
y transparencia de todos los procesos que habrán en el mismo sentido.
de implementarse, constituyendo un medio que 11. Participación ciudadana vigorosa. Durante la
impida la arbitrariedad y favorezca un más fácil elaboración del presente capítulo, no fue casual
control, auditoría y participación, tanto por parte advertir una frecuente apelación a la “fatiga” que
de los funcionarios públicos como por parte de varias instituciones de la sociedad civil dominica-
ONG especializadas y la ciudadanía en general. na reconocen estar experimentando en lo que res-
10. La ventana de oportunidad para una segunda pecta a la prédica que vienen manteniendo para
reforma judicial. En el ámbito del Poder Judicial, fomentar la transparencia y los pocos resultados
existe la posibilidad de reforzar algunos vectores tangibles que se advierten, principalmente en lo
que podrían constituir una segunda generación que atañe a la percepción de la opinión pública so-
de reformas en el sector, habida cuenta de los bre el estado del problema en el país. Ello también
resultados y lecciones aprendidas con el proceso indica la necesidad de reorientar la agenda de la
iniciado en 1994. Entre los objetivos más relevan- sociedad civil para que no se concentre exclusi-
tes destacan los siguientes: la despolitización y vamente en el apoyo a la producción de material
consiguiente profesionalización de las ?guras más legislativo, sino más bien en focalizar iniciativas
relevantes para la administración de justicia; el tendientes a exigir el cumplimiento de las leyes ya
establecimiento de carreras judiciales y del Minis- en vigencia, sea a través de peticiones administra-
terio Público que refuercen su independencia del tivas o, en el caso de que estas no sean positivas,
Poder Ejecutivo; la administración imparcial del peticionando el cumplimiento de las nuevas nor-
proceso de evaluación de funciones, rendición de mas a través de la vía judicial30.
cuentas y sanciones disciplinarias; la clara separa-

29 En consonancia con los puntos 1 y 2 antes mencionados, se sugiere articular de modo prioritario la aplicación de esta ley en
pos de fortalecer las cinco instituciones y las cinco leyes ponderadas como nodales para todo el proceso pro transparencia
(por ejemplo, impulsando certi?caciones para técnicos de compras y contrataciones o instituyendo un cuerpo de alta ge-
rencia pública para liderar el proceso de profesionalización administrativa al máximo nivel del Estado dominicano). Otras
acciones consideradas claves son: (i) declarar de interés nacional la realización del Censo de Servidores Públicos como base
para la implementación del Subsistema de Plani?cación de Recursos Humanos; (ii) rede?nir el Subsistema de Clasi?cación
y Valoración de Cargos que considere las competencias y resultados como base para diseñar un sistema de remuneracio-
nes justo, racional y equitativo, articulado con los demás subsistemas de gestión y proponer un Proyecto de Decreto para
establecer o?cialmente las competencias; (iii) simpli?car el procedimiento de incorporación de los empleados actuales con
más de 10 años en servicio que cali?quen para el ingreso a la carrera, por considerar que este segmento de funcionarios, en
principio, es meritorio y para avanzar en la meta de incorporación de los ocho años establecidos en la Ley. A estos ?nes se po-
drían suscribir acuerdos con universidades y centros docentes para agilizar el proceso de certi?cación de las competencias;
(iv) desarrollar políticas traducidas en planes de formación basados en per?les de competencias técnicas y de conducta de
los cargos contenidos en la clasi?cación, previo a la realización de diagnósticos de necesidades formativas, dando prioridad
al personal incorporado a la carrera administrativa; (v) elaborar los reglamentos de las carreras administrativas especiales
del sector ?nanciero del Estado, a ?n de consolidar las reformas en proceso a través de la profesionalización de los funcio-
narios y empleados de las instituciones responsables de llevarla a cabo; (vi) promover la creación y el fortalecimiento de las
Organizaciones de Servidores Públicos para que asuman la recomendación de las Mesas de Consenso, en el sentido de formar
un movimiento en defensa de su estabilidad basada en el mérito; (vii) fortalecer el Régimen Ético y Disciplinario establecido
en la Ley de Función Pública.

30 El reciente caso de la aplicación de la Ley de acceso público a la información para dar a conocer los gastos realizados en
el proceso relativo a la construcción del metro de Santo Domingo (que motivó un pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia) resulta paradigmático y positivo. La constitución de Observatorios para monitorear el cumplimiento de leyes claves

352 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana

17.7 A modo de síntesis cios estatales cercanos a la ciudadanía en la provisión Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
de servicios públicos, de modo que pueda asociarse
Como se ha manifestado anteriormente, cabe en- la anticorrupción con el bienestar, y vencer la inercia
fatizar lo siguiente a modo de conclusión ?nal: i) la cultural de sociedades acostumbradas a convivir con
reforma pro transparencia es una reforma siempre la impunidad; iv) la reforma pro transparencia supone
inacabada en cada país. Dinámica y mutante, requie- un esfuerzo combinado de prevención y castigo del
re la adaptación nacional de lecciones aprendidas a fenómeno de la corrupción, traducido en penas ejem-
nivel internacional, atendiendo a las condiciones de plares para los casos más paradigmáticos, así como
gobernabilidad y a sus actores institucionales; ii) la también en el establecimiento de incentivos para
reforma pro transparencia tiene en las leyes y en la fomentar un imprescindible cambio cultural rum-
voluntad política condiciones imprescindibles pero bo a sociedades e instituciones más transparentes;
insu?cientes para lograr éxitos. Requiere además ca- v) ?nalmente, la reforma pro transparencia supone
pacidades de gestión institucional (para la aplicación comprender que no todos los problemas de un país se
de la ley) y de participación ciudadana (para veri?car originan en la corrupción. Este fenómeno a menudo
una apropiación de la norma legal a través del cam- es la expresión de encrucijadas más vastas de organi-
bio de los comportamientos sociales); iii) la reforma zación institucional, de gobernabilidad democrática,
pro transparencia exige no solo planes estratégicos de empoderamiento ciudadano, de distribución de la
y generales centralizados en un único ámbito institu- riqueza y de estructuras de inequidad, que deben ser
cional, sino la obtención de victorias tempranas y la abordados con decisiones y herramientas, especí?cas
identi?cación de “campeones” promisorios en espa- y complementarias.

también puede constituir un esfuerzo promisorio. La armonización de estos esfuerzos con la cooperación internacional es 353
otro punto central.

PARTE 6 ? El marco institucional

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PARTE 6 ? El marco institucional 355